Gobierno asegura aprobación de pensiones y escudo social tras acuerdo con Junts

Pedro SánchezPedro Sánchez en reunión de Consejo de Ministros

Pedro Sánchez logró destrabar el paquete de medidas sociales que fue derogado la semana pasada en el Congreso, tras alcanzar una negociación con Junts.

El acuerdo del Gobierno con esta fracción política logra garantizar la revalorización de las pensiones, la extensión de los descuentos al transporte público, y ayudas específicas para los afectados por la DANA.

También rescatan el llamado «escudo social«, que incluye la suspensión de desahucios para familias vulnerables y la prohibición de cortes en suministros básicos.

«Creo que el dialogo y la negociación son las señas de identidad de mi Gobierno. No damos un partido por perdido, sudamos la camiseta hasta el final, y al final las cosas suceden», dijo Pedro Sánchez en comparecencia de prensa tras el Consejo de Ministros.

La medida clave para desbloquear el apoyo de Junts fue la inclusión de un sistema de avales públicos que compensará a propietarios de viviendas ocupadas, un tema que había generado tensiones tanto dentro del Ejecutivo como en el Parlamento.

Lo que salvó el acuerdo con Junts

El decreto extiende el “escudo antiopas”, una herramienta fundamental –impulsada desde el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo– para que el Gobierno mantenga la capacidad de veto en operaciones estratégicas, como las relacionadas con empresas de importancia nacional como Telefónica.

Entre las medidas destacadas, se garantiza la revalorización de las pensiones para 12 millones de jubilados.

El incremento será del 2,8% de manera general, mientras que las pensiones mínimas se elevarán un 6% y las no contributivas, junto con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aumentarán un 9%.

El Gobierno tenía un margen limitado para corregir el vacío que dejó la caída del decreto previo, pero con este nuevo acuerdo se asegura mantener los compromisos adquiridos.

Además, se confirma la extensión de los descuentos en el transporte público hasta julio, con una bonificación mínima del 50%, repartida entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

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