La imposición del gravamen temporal a las empresas energéticas y bancarias ha desencadenado una intensa batalla legal, con casi 5.000 millones de euros en disputa. La Agencia Tributaria ha iniciado investigaciones para verificar las cantidades abonadas por este impuesto en 2023. Hacienda recaudó alrededor de 2.408 millones de euros el año pasado y ya ha ingresado 2.306 millones en la primera mitad de este año, aunque aún quedan pendientes algunas partidas.
Empresas como Iberdrola, Repsol y Naturgy han confirmado que el Ministerio ha iniciado procedimientos para comprobar que los pagos realizados en 2023 son correctos. Esta inspección sigue a los recursos presentados por las energéticas, que exigen la devolución íntegra del gravamen. Repsol, una de las principales opositoras, ha visto desestimada su solicitud de reembolso por parte de la Agencia Tributaria y ha presentado una reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
Iberdrola, por su parte, recibió el 25 de enero la notificación del inicio de las actuaciones de comprobación e investigación del Gravamen Temporal Energético por parte de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Además, el 21 de febrero de 2023, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la Orden Ministerial HFP/94/2023, que aprobó los modelos de autoliquidación establecidos en la Ley 38/2022.
Hacienda
Endesa también recurrió en febrero de 2023 la normativa de desarrollo ante la Audiencia Nacional, argumentando que el gravamen es contrario a la normativa europea y española. La eléctrica ha impugnado las autoliquidaciones presentadas en 2023, solicitando la devolución de los 208 millones de euros pagados, junto con los intereses de demora correspondientes. Asimismo, ha anunciado que impugnará los importes relativos a las autoliquidaciones de 2024, que ascienden a 204 millones de euros.
En total, el sector energético desembolsó 1.353 millones de euros por el ejercicio 2023, y hasta la fecha han aportado 907 millones en 2024. Esta cifra es inferior debido a que compañías como Naturgy o Cepsa solo han pagado la primera mitad del año y los ingresos han disminuido por la caída del precio de la energía.
En contraste, la banca ha registrado un aumento en la recaudación del gravamen temporal, pasando de 1.055 millones en 2023 a 1.399 millones en 2024, un incremento del 32%. Caixabank, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell y Bankinter han registrado incrementos significativos en sus contribuciones.
A pesar del impacto actual, la continuidad de este gravamen es incierta. Los directivos del sector energético confían en que el Gobierno no prolongará la medida para el próximo año, a pesar de sus declaraciones sobre convertirla en permanente. La reciente votación en el Congreso, que rechazó los objetivos de déficit y deuda, y el posicionamiento de la Comisión Europea, que considera que estos recargos deben desaparecer, refuerzan esta perspectiva.
El futuro del impuesto
La contribución de las energéticas al llamado «impuestazo» ha disminuido significativamente este año, debido a que la tasa grava los ingresos por venta de energía y no los beneficios. Los ingresos de estas compañías se han reducido en 2.200 millones de euros, hasta los 14.762 millones.
Las firmas energéticas se unen en la necesidad de apoyos parlamentarios, capaces de frenar propuestas económicas importantes, como se demostró con los objetivos de déficit y deuda en julio pasado. Además, cuentan con el respaldo de la Comisión Europea, que en noviembre consideró que estos recargos especiales por la crisis energética debían ser eliminados.
Sin embargo, el Gobierno va a intentar ampliar durante el próximo año los impuestos extraordinarios a grandes empresas energéticas y bancos, figuras fiscales que recaudaron 2.900 millones en el 2023. Este año los ingresos serán aún mayores, según estima la Agencia Tributaria. El Ministerio de Hacienda publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del 2025, un documento que supone el pistoletazo de salida a la confección de las cuentas públicas, y en ella se encuentra recogida la prolongación de ambos impuestos que, en principio, iban a ser temporales.
© Reproducción reservada