HaciendaLa Agencia Tributaria ha retrasado más de seis meses las devoluciones a empresas debido a los cambios en el Impuesto de Sociedades implementados en 2016 por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP). Estos cambios, diseñados para incrementar la recaudación, fueron anulados por el Tribunal Constitucional (TC) en enero de este año, creando una situación de incertidumbre y complicaciones para las empresas afectadas.
El impacto del fallo del Tribunal Constitucional
El fallo del TC supuso un golpe significativo para las arcas públicas, estimando que el Estado deberá devolver aproximadamente 2.800 millones de euros a las compañías. Sin embargo, las compensaciones se limitan a aquellos contribuyentes que hubieran impugnado las liquidaciones antes del fallo del 18 de enero y cuya causa aún estuviera abierta, ya fuera en vía administrativa o judicial.
El presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Agustín Fernández, ha señalado que el procedimiento de devolución no será automático. «Habrá una verificación de datos para asegurar que lo que se devuelve es correcto», explicó Fernández. Por su parte, Jesús Quintas, economista colegiado del REAF, precisó que estas comprobaciones prolongarán las devoluciones al menos seis meses, tiempo necesario para recopilar toda la información requerida.
Comprobaciones exhaustivas y nuevos procedimientos de inspección
Las empresas están experimentando retrasos debido a que el fisco está llevando a cabo comprobaciones exhaustivas e, incluso, en algunos casos, abriendo procedimientos de inspección para validar los créditos fiscales por bases imponibles negativas, deducciones por doble imposición internacional y deterioro de participaciones que buscan recuperar ahora.
Bosco Montejo, socio responsable del área Fiscal de Freshfields, comentó que en las solicitudes de devolución que ya estaban siendo revisadas porque la Administración Tributaria había negado previamente el derecho a las mismas, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha instado a la Agencia a dictar una nueva resolución tras el fallo del TC. «No sería descartable que la Administración Tributaria pretendiese comprobar a través de un nuevo procedimiento de inspección la validez de los créditos fiscales y las deducciones que se pretenden compensar, así como los cálculos para la reversión de los deterioros de cartera. Esta circunstancia puede provocar que las devoluciones sustentadas en la inconstitucionalidad de la norma se retrasen aún más», indicó Montejo.
La obligación de Hacienda y recomendaciones para las empresas
Montejo también destacó que Hacienda está obligada a aplicar de oficio los efectos de la sentencia en todas las situaciones no consolidadas, es decir, procedimientos de inspección en curso, rectificaciones de autoliquidaciones presentadas antes del fallo del TC, así como resoluciones desestimatorias que están en fase de revisión administrativa o jurisdiccional.
A pesar de que las compañías no necesitan presentar una solicitud formal de devolución, Montejo recomienda informar a Hacienda o al tribunal correspondiente sobre la sentencia y sus efectos en su situación particular. «Sería especialmente recomendable cuando la situación no consolidada se correspondiera con un procedimiento de inspección en curso, con mayor razón si no se ha cuantificado todavía el eventual impacto en el seno del mismo», subrayó Montejo. Además, añadió que cuando en la revisión de la liquidación no se fundamentó la inconstitucionalidad de la norma, sería altamente recomendable una actitud proactiva por parte de las empresas, solicitando que se tome en consideración la sentencia.
El retraso en las devoluciones por los cambios en el Impuesto de Sociedades de 2016 y la anulación del Real Decreto-ley por parte del TC ha creado un escenario complejo tanto para la Agencia Tributaria como para las empresas afectadas. Las exhaustivas comprobaciones y posibles nuevos procedimientos de inspección están prolongando la espera de las devoluciones, lo que añade una capa adicional de desafío en la gestión fiscal de las empresas. Los expertos recomiendan una actitud proactiva por parte de las compañías para asegurar que sus derechos sean respetados y se acelere el proceso de devolución en la medida de lo posible.