La Audiencia Nacional investiga irregularidades en la venta de la Torre Foster (Torre Cepsa)El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ordenó la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa, Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi.
La decisión se produce en medio de la investigación por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal vinculados a la venta de la Torre Foster, también conocida como Torre Cepsa, en Madrid.
Calama propone a la Fiscalía la presentación de una demanda de decomiso autónomo para que el Estado español reciba los más de 34 millones de euros que permanecen bloqueados en sociedades relacionadas con Al Qubaisi, específicamente las mercantiles Muscari Properti BV y Muscari Development BV.
También se incluyen inmuebles en Marbella, Estepona y Madrid, así como varias obras de arte incautadas.
Según el magistrado, estas sociedades se crearon de manera instrumental para facilitar el blanqueo de capitales y carecen de estructura propia.
El juez destaca que la colaboración de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos fue inexistente, lo que obligó a decretar la orden de captura nacional contra Al Qubaisi y contra Naser Mohamed Naser Almur Alzaabi, señalado como supuesto testaferro.
Sobre la posibilidad de emitir órdenes europeas o internacionales de detención, el magistrado solicita previamente un informe al Ministerio Fiscal.
La investigación contra Al Qubaisi
El caso se centra en una operación de compraventa realizada en 2016, que generó para Al Qubaisi un beneficio aproximado de 100 millones de euros.
El juez sostiene que se usaron sociedades pantalla para blanquear el dinero y evadir impuestos, ya que las ganancias no fueron declaradas ni tributadas en España.
En sus palabras, “las ganancias derivadas de estas operaciones inmobiliarias en territorio español, procedentes de los fondos con origen lícito y objeto de blanqueo de capitales, no se sometieron a tributación efectiva en nuestro país”.
Calama explica que el acusado usó una ingeniería jurídico-societaria para ocultar el origen ilícito de los fondos, recurriendo a intermediarios y a estructuras societarias fiduciarias, algunas gestionadas por la banca Edmond Rothschild, para disfrazar las verdaderas relaciones comerciales.
Considera además que el testaferro Alzaabi se incorporó para intentar evitar el bloqueo de los activos.
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