Las medidas realizadas por el Gobierno para el desarrollo del Plan de Recuperación pactado con la Comisión Europea en 2021 parece que no han tenido una buena acogida en España. Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), «algunas de las reformas importantes apuntan en la dirección equivocada y otras carecen de ambición».
Ángel de la Fuente, director de la fundación, advierte en un reciente artículo que «no le hará ningún favor a España ni a Europa si no alza la voz contra medidas mal concebidas y no presiona para corregir el rumbo y aprovechar al máximo el potencial del NGEU para fortalecer la economía española».
El peligro de los nuevos impuestos del Plan de Recuperación español
Para el director de Fedea se han introducido gravámenes específicos sobre determinadas grandes corporaciones de los sectores energético y financiero, además de un impuesto complementario sobre el patrimonio sin que esté contemplado en el Plan de Recuperación.
Estas medidas han sido aprobadas por el Parlamento en un tiempo récord, utilizando un procedimiento no estándar que ha servido para evadir todos los informes normalmente requeridos por los órganos consultivos, como el Consejo de Estado, y otros filtros de calidad de la legislación.
El impuesto a la banca y a las energéticas «es particularmente preocupante como amenaza al Estado de derecho, ya que sienta un precedente muy peligroso que esencialmente daría al Gobierno de turno el poder de establecer gravámenes arbitrarios sobre sectores o empresas específicas, vulnerando el principio de igualdad de trato y la exigencia de que los impuestos reflejen la capacidad económica (y no su presunción o sesgos ideológicos contra determinados agentes), tal y como establece la Constitución y la Ley General Tributaria».
En cuanto al Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas considera que «para neutralizar ciertos recortes en el impuesto sobre el Patrimonio introducidos por los gobiernos regionales, esencialmente invierte la asignación a estas administraciones de competencias en la materia, actuando de una manera opaca que ha provocado impugnaciones de constitucionalidad por parte de varios gobiernos autonómicos».
Las competencias sobre este impuesto se han transferido a las regiones como parte de un paquete más amplio que regula el actual sistema de financiación regional, y dado que el nuevo impuesto equivale a un cambio en el paquete impuesto unilateralmente por el Gobierno Central, «puede haber motivos para impugnarlo ante el Tribunal Constitucional».
La renta mínima llega tarde y mal
El sistema de renta mínima (IMV) desarrollado por el gobierno es muy necesario para combatir la pobreza, pero su implementación su implantación se ha visto muy retrasada y su eficacia comprometida por la decisión de que el Gobierno central lo administre, en lugar de que las comunidades autónomas.
Ángel de la Fuente también menciona que «se han necesitado más de dos años para introducir incentivos para aceptar ofertas de empleo sin perder beneficios, situando así el tipo impositivo marginal efectivo del régimen por debajo de su valor inicial del 100%».
Una reforma laboral insuficiente
Para el director de Fedea «La reforma ha aumentado considerablemente la proporción de contratos indefinidos, reduciendo así drásticamente lo que podría llamarse “precariedad contractual”, pero hasta ahora ha tenido poco efecto en la duración promedio de los contratos y los salarios».
También menciona que «ha habido pocas mejoras reales en el funcionamiento de las oficinas públicas de empleo que administran servicios de intermediación y gestionan políticas activas del mercado laboral, a pesar de una nueva ley laboral que introduce cambios principalmente cosméticos».
La carga de las pensiones del Plan de Recuperación
La nueva legislación sobre pensiones supone un retroceso en términos de sostenibilidad de las finanzas públicas españolas porque aumentará considerablemente el gasto durante las próximas décadas sin introducir medidas compensatorias significativas.
El gasto total en pensiones públicas (incluidas las de los funcionarios públicos y las prestaciones no contributivas) alcanzaría el 17,8% del PIB en 2050, 2,5 puntos por encima de la previsión del Gobierno según los cálculos realizados por los expertos de la fundación. Esta cifra colocaría a España a la cabeza en gasto en pensiones por encima de la media de la UE.
“El fuerte aumento del gasto se traduciría también en un importante aumento del déficit básico del sistema público de pensiones que, en ausencia de medidas correctoras, promediaría los 4,5 puntos del PIB durante el periodo 2022-50 y alcanzaría los 6,3 puntos en 2050″, advierte.
El problema de la vivienda
Por otro lado, la nueva ley de vivienda puede que agrave considerablemente la escasez de viviendas de alquiler asequibles que motivó su introducción. Las principales causas serían la implementación de medidas como la declaración de zonas “tensionadas”, la imposición de límites generales a la actualización de los alquileres y prórrogas obligatorias de los contratos, así como algunas disposiciones que complican que los propietarios recuperen sus propiedades de inquilinos morosos u ocupantes ilegales.
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