¿Qué consecuencias tiene que Cataluña se salga del Régimen Común?

Después de una ardua negociación plagada de altibajos, ERC y PSC han cerrado este lunes a última hora un acuerdo por el que se investirá a Salvador Illa, secretario de los socialistas en Cataluña, como presidente de la Generalitat de Catalunya. La clave de dicho pacto es la reforma del modelo de financiación de la mentada comunidad autónoma, Cataluña, lo cual incluye, en principio, la cesión del 100% de los impuestos a la Generalitat.

Salvador Illa, primer secretario del PSC

Las conversaciones que han tenido lugar entre el ERC y el PSC han sido difíciles y han estado envueltas de secretismo por ambas partes. El motivo es que ERC demanda un sistema de financiación para Cataluña que sea semejante al cupo vasco y que esté controlado por el independentismo. Es decir, que se halle fuera del Régimen Común, pero que incluya el pago catalán de una cuota de solidaridad interterritorial. Este hecho ha complicado durante semanas la posibilidad de hallar un punto de entendimiento entre ambos partidos. Finalmente, la negociación que estos han llevado a cabo ha culminado con el consorcio tributario (colaboración entre la Agencia Tributaria estatal y su homóloga catalana en materia de impuestos para Cataluña) propuesto por el PSC y recogido en el Estatut d’Autonomia.

La idea de republicanos y socialistas es que dicho órgano sea el único que recaude todos los tributos de la comunidad, poniendo, para ello, en común los efectivos humanos y materiales propios de la Hacienda estatal y la Hacienda catalana.

A día de hoy, a la Generalitat se le han cedido el 50% del IRPF y del IVA, así como el 58% de los impuestos especiales, además de los tributos propios aprobados por la administración autonómica. No obstante, si se le cedieran todos los impuestos, pasaría a controlar algunos tan importantes como el de Sociedades y el de la Renta de no Residentes. Esto generaría una serie de problemas que ya han puesto sobre la mesa diversas organizaciones, como la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), que ve muy difícil, técnicamente hablando, traspasar a Cataluña el total de los impuestos.

Otra cuestión relevante es el encaje legal del consorcio. Este órgano está avalado por el Tribunal Constitucional, pero, como indican los especialistas, deberá desarrollarse legalmente para materializarse. Entre otras cuestiones, por ejemplo, será necesario modificar leyes orgánicas como la de financiación de las comunidades autónomas, conocida como LOFCA.

Tampoco está claro cuál será el grado de compromiso de los funcionarios del Estado con el consorcio, sobre todo de los cuerpos superiores de inspectores y gestores tributarios, a la hora de unirse a la Generalitat para trabajar en dicho órgano.

Durante las negociaciones entre ERC y PSC también se abordó la posibilidad de extender este instrumento a otras comunidades autónomas, aprovechando previsiones estatutarias similares en regiones como Andalucía y Valencia.

Calendario de investidura

Ambos partidos están poniendo a punto los últimos detalles de su acuerdo, cuya letra pequeña se podría dar a conocer este fin de semana o a principios de la semana que viene. De esta forma, se entraría dentro del plazo temporal fijado por la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, que lanzó un ultimátum a los socialistas de Illa para cerrar un pacto antes de agosto.

La visita de Pedro Sánchez a Barcelona para entrevistarse con Pere Aragonès fue muy simbólica y sirvió para desencallar los contactos, pero no se materializó en nada en concreto.

La negociación entre ERC y PSC no solo se centra en la financiación de Cataluña, sino que también aborda temas importantes para el independentismo como la lengua catalana y la inversión en infraestructuras. Una vez esté todo atado, el texto del acuerdo, que le permitirá a Cataluña gestionar sus propios impuestos y tener un menor compromiso para contribuir al Estado, se someterá al dictamen de las bases  de ERC, seguramente el jueves, 1 de agosto.

Si dicho partido da su visto bueno, el pleno de investidura podrá convocarse. Para ello, Illa debería llamar al presidente de la Cámara catalana, Josep Rull, y comunicarle que cuenta con la mayoría suficiente como para ser investido president. Entonces, Rull tendría 48 horas para hacer una rueda de consultas antes de fechar el pleno. Lo más probable es que este se produjera durante la semana del 5 de agosto.

Postura del PP

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, perteneciente al PP, ha sentenciado que «si el acuerdo permite recaudar los impuestos en Cataluña, es un acuerdo ilegal». Es decir, si para investir presidente a Salvador Illa, el ERC y el PSC van a permitir a dicha comunidad autónoma recaudar y liquidar impuestos, esta negociación efectuada entre ambas partes carece de legalidad.

En una publicación de X, Azcón ha afirmado: «Si el acuerdo alcanzado entre Sánchez y los independentistas para hacer presidente a Illa rompe el sistema fiscal de Régimen Común y permite a Cataluña recaudar y liquidar los impuestos de todos los españoles en su territorio, estamos hablando de un acuerdo ilegal».

Por otro lado, el presidente aragonés ha añadido que su gobierno hará «todo lo que jurídicamente esté en su mano para impedir semejante atropello a la Constitución y a la igualdad entre españoles» y ha afirmado: «No vamos a permitir que nadie trate a los aragoneses como ciudadanos de segunda».

ERC ha ofrecido algunos detalles de su acuerdo con PSC, que someterá el viernes a consulta de sus bases y que, si prospera, permitirá la investidura  del socialista Illa como presidente de la Generalitat de Catalunya.

Asimismo, la militancia de los republicanos deberá posicionarse este viernes sobre el mencionado pacto, que ha sido definido por ellos únicamente como «un concierto económico solidario en el que se apuesta por la lengua catalana».

García-Page estalla contra el acuerdo

Tras conocerse el preacuerdo alcanzado entre ERC y PSC, el siempre disidente interno del partido socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lo ha condenado con dureza. El motivo es que el dirigente considera que supone «un concierto económico solidario» en Cataluña que supone un «grave atentado a la igualdad».

En su redes sociales, Page criticaba el mencionado pacto de la siguiente manera: «Los que estaos en política, desde la izquierda, para combatir la desigualdad, no podemos dedicarnos a ampararla. Y mucho menos, a protegerla».

Consecuencias en Madrid

Actualmente, se desconoce qué consecuencias tendrá este acuerdo entre los socialistas y republicanos madrileños con respecto al hecho de sostener el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso, pues los 7 diputados de Junts son fundamentales para ello.

Junts, Ayuso y Rallo se pronuncian

En X, la cuenta de Junts, conocida como Junts per Catalunya Congrés i Senat, ha defendido el pacto entre ERC y PSC, aludiendo que «Desde 2015 a 2023, el Estado español ha dejado de invertir en Cataluña 7.500 millones de euros. En Madrid, durante el mismo período, se han invertido 3.700 millones de euros más de los que estaban presupuestados. Somos los terceros que más pagamos y los últimos en porcentaje de ejecución.» Asimismo, ha confirmado que «En el año 2023, el nivel de ejecución presupuestaria del Estado de Cataluña solo ha sido del 45%. En Madrid, del 212%. En Murcia, del 218%».

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, ya se ha pronunciado en contra dicha negociación, en su cuenta de X, donde ha dicho con rotundidad: «Sánchez rompe la caja común de los españoles. No nos quedaremos quietos». El doctor en Economía, Juan Ramón Rallo, sumó que: «Ojalá conciertos con Cataluña y en todas las autonomías. Y si lo conciertos fueran provinciales en lugar de autonómicos, todavía mejor».

Por su parte, el periodista Javier Ruiz ha explicado en la Cadena SER las claves del acuerdo que amaga con revolucionar la política este verano.

Matizando que es importante conocer si el acuerdo es tal y como ha explicado ERC, el periodista explicaba que Cataluña va a pasar a gestionar, liquidar, recaudar e inspeccionar el 100% de sus impuestos. «Cataluña se queda con todo lo que se recauda allí y luego negociaría con el Estado para pagarle a España una cuota de solidaridad que, decían, se fijaría de forma clara y transparente. Lo que dijo ERC es que nosotros nos quedamos todo y pagamos un cupo catalán», indicaban al respecto.

«Fijó incluso un calendario. La declaración de la renta de 2025 se fijaría en Cataluña y se liquidaría en 2026. En lo técnico esto significa el fin de una Hacienda única. Los inspectores están diciendo que se acabó la Agencia Tributaria. En lo político significa modificar la financiación de las autonomías sin las autonomías. Esto que se pacta con Cataluña afecta a las demás», insistía al respecto sobre este nuevo cupo.

«En lo económico deja en el aire la viabilidad de todo el modelo. Las autonomías ponen 8.815 millones para la solidaridad. Cataluña va a negociar ahora año a año la cuota y supone sacar el 24,5 % de la cuota. Uno de cada cuatro euros salen del sistema. Si Cataluña negocia esa solidaridad a la baja tenemos un sistema más escueto y problemático», explicaba Javier Ruiz al respecto.