Congreso de los DiputadosEl Gobierno encara un momento decisivo en el Congreso con el debate del Real Decreto-ley 7/2025, más conocido como “decreto antiapagón”, una norma clave que surge como respuesta al cero eléctrico del pasado 28 de abril, cuando una caída masiva dejó a España completamente a oscuras durante casi 24 horas, afectando también a parte de Portugal y Francia.
El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de junio, busca blindar el sistema eléctrico nacional, modernizar la infraestructura, impulsar el autoconsumo renovable y garantizar una red más resiliente y descentralizada. Sin embargo, su aplicación tendrá un importante impacto económico: el plan contempla hasta 3.000 millones de euros en inversión y podría provocar un aumento del 8% al 12% en la factura eléctrica de la industria electrointensiva, según fuentes del sector.
Un apagón que cambió las prioridades energéticas
El colapso energético de abril, sin precedentes en décadas, evidenció las fragilidades del sistema eléctrico en situaciones de tensión extrema. Desde entonces, el Gobierno ha acelerado la agenda regulatoria para reforzar la red y dar mayor capacidad de respuesta ante futuros incidentes.
Claves del decreto: supervisión, autoconsumo y electrificación
El texto articula una serie de reformas estructurales, destacando:
Fortalecimiento del control y la supervisión: La CNMC evaluará trimestralmente las obligaciones de tensión de todas las instalaciones eléctricas (incluidas nucleares y ciclos combinados) y realizará inspecciones extraordinarias cada tres años. Además, Red Eléctrica desarrollará nuevos procedimientos de coordinación y herramientas de monitorización avanzada para prevenir fallos sistémicos.
Fomento del autoconsumo y almacenamiento: Se amplía de 2 a 5 kilómetros la distancia permitida entre punto de generación y consumo en instalaciones menores a 5 MW, se crea la figura del gestor de autoconsumo colectivo, y se impulsa la hibridación de baterías en parques solares y eólicos.
Incentivos fiscales para la electrificación: Las comunidades de vecinos que opten por sistemas de climatización eléctricos como aerotermia o geotermia podrán beneficiarse de una bonificación del 50% en el IBI y hasta un 95% en el ICIO. Se busca así incentivar la descarbonización de la climatización urbana.
Impulso a la movilidad eléctrica: Se eliminan barreras administrativas para instalar infraestructuras de recarga y se agilizan trámites para la repotenciación de renovables, recortando a la mitad los plazos si la ampliación no supera el 25% de capacidad.
Impacto económico: luz más cara para la gran industria
Uno de los efectos más controvertidos del decreto es su impacto sobre los costes energéticos industriales. La modernización del sistema y los incentivos fiscales serán en parte financiados vía peajes y cargos, lo que según las asociaciones de grandes consumidores podría traducirse en un encarecimiento de hasta el 12% en la factura de electricidad para las empresas electrointensivas.
Pese a ello, el Ejecutivo defiende que la medida permitirá evitar nuevos apagones, mejorar la competitividad a largo plazo y atraer nuevas inversiones en renovables, acelerando la transición energética.
Qué se juega el Gobierno en el Congreso
La norma deberá ahora superar el trámite parlamentario. El Ejecutivo confía en recabar los apoyos suficientes para validar el decreto como respuesta urgente a una amenaza real para la estabilidad energética del país.
Si se aprueba, el decreto antiapagón no solo marcará un antes y un después en la regulación eléctrica, sino que consolidará a España como referente europeo en integración de renovables y en el diseño de redes inteligentes y descentralizadas.
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