TelefónicaTelefónica ha presentado una reclamación de 1.122 millones de euros al Estado peruano por daños y perjuicios relacionados con impuestos ya pagados y provisiones fiscales pendientes. El resultado de este arbitraje, que podría impactar fuertemente las finanzas de la teleco. Se conocerá a finales de febrero o inicios de marzo de 2025. El proceso, que lleva más de tres años en marcha, está siendo llevado a cabo por el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), y de su resolución dependerá si Telefónica recupera la totalidad o una parte de esta cantidad.
El conflicto legal se centra en dos cuestiones principales: primero, los impuestos ya desembolsados por Telefónica en Perú. Ascienden a 523,6 millones de euros, los cuales, según la compañía, fueron cobrados de manera indebida. En segundo lugar, están las provisiones fiscales por valor de 592 millones de euros. Montos que el Estado peruano reclama, pero que la empresa no ha pagado porque considera que estos impuestos violan los acuerdos bilaterales de inversión entre España y Perú.
Además de estas reclamaciones, Telefónica también ha incluido 6,7 millones de euros adicionales en costes derivados de asesorías legales y fiscales, y fianzas establecidas durante procesos judiciales locales.
Intereses y litigio histórico
El 80% de las cantidades reclamadas por Telefónica se refiere a intereses de demora acumulados durante las tres décadas que lleva operando en Perú. Este arbitraje, uno de los más grandes para una empresa española en términos económicos, podría marcar un hito para el Ciadi.
Telefónica presentó su denuncia el 12 de marzo de 2021, argumentando que las acciones del gobierno peruano violaban gravemente el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú, específicamente el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI). La compañía acusa a las autoridades peruanas de no actuar de manera justa y equitativa, y de implementar medidas arbitrarias que afectan la estabilidad y los derechos de Telefónica.
Telefónica
El tribunal arbitral que dirime el caso está presidido por Luca G. Radicati, mientras que el canadiense Henri C. Álvarez representa a Telefónica y el italiano Attila Massimiliano Tanzi actúa en nombre del Estado peruano. Telefónica está asesorada por el bufete Uría Menéndez, con sedes en Madrid y Lima, además de contar con el apoyo de White & Case en Nueva York y Ciudad de México.
El origen del conflicto entre Telefónica y Perú
Este conflicto se remonta a hace 22 años, cuando el gobierno de Valentín Paniagua encargó a la agencia tributaria del país (Sunat) investigar el proceso de privatización de las empresas públicas de telecomunicaciones Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y Entel Perú, adquiridas por Telefónica durante el gobierno de Alberto Fujimori en la década de los 90. Desde entonces, la teleco ha sostenido que las acciones de Sunat han sido arbitrarias, lo que la llevó a llevar el caso a los tribunales y, eventualmente, al Ciadi.
En sus 30 años de operaciones en Perú, la empresa española de telecomunicaciones ha pagado más de 2.675 millones de euros en impuestos y cuenta con una base de más de 10 millones de clientes móviles y 900.000 abonados a fibra óptica en el país. Ahora, la resolución de este litigio podría tener un impacto significativo tanto para la compañía como para el panorama de inversiones extranjeras en Perú.
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