MufaceEl futuro del seguro sanitario de los funcionarios, gestionado por Muface, está en juego esta semana. El Gobierno, a través del Ministerio de Función Pública, está ultimando una propuesta que podría darse a conocer antes del viernes. Desde la negativa de las aseguradoras DKV, Asisa y Adeslas a renovar el contrato por dos años con un incremento de primas del 17,1%, las negociaciones han sido prácticamente inexistentes. Como resultado, las aseguradoras recibirán la nueva oferta casi a ciegas.
Una solución provisional que se baraja es una renovación de un año con un aumento presupuestario del 24%. Sin embargo, el equipo liderado por Óscar López parece inclinarse por una licitación bienal, cuyo aumento propuesto aún es una incógnita. Este detalle es crucial, ya que determinará si el Gobierno está comprometido con el modelo mutualista o si lo dejará en el aire.
¿Hacia el fin de Muface?
El Ejecutivo también tiene en su arsenal la herramienta de la prórroga forzosa, amparada en la Ley de Contratos del Sector Público. Esto obligaría a las aseguradoras a mantener el servicio durante nueve meses más, incluso si no se llega a un acuerdo formal.
El Ministerio de Sanidad, pese a no tener autoridad sobre la renovación de Muface, ya considera la prórroga como un hecho. En un informe reciente, el departamento de Mónica García plantea que la desaparición de Muface sería «viable y razonable«, justificándolo en la falta de sostenibilidad del sistema. Según Sanidad, el mutualismo enfrenta un envejecimiento acelerado de sus asegurados, con una falta de jóvenes que equilibren los costos.
En caso de no llegar a un acuerdo, el Gobierno propone redirigir los fondos que actualmente entrega a las aseguradoras hacia las comunidades autónomas. Estos recursos, con un objetivo finalista, se destinarían durante tres años a reforzar los servicios de salud públicos para absorber a los asegurados de Muface. Esta incorporación representaría un aumento del 2,1% en la población cubierta por el Sistema Nacional de Salud, una cifra que Sanidad califica como asumible.
La sanidad privada responde
Desde el lado privado, la patronal IDIS discrepa. Argumentan que el modelo mutualista reduce la presión asistencial en el sistema público, evitando incrementos del 266% en las listas de espera para consultas externas, un 115% en quirúrgicas y más de 5 millones de visitas en Atención Primaria.
Durante la prórroga de nueve meses, Sanidad propone una transición gradual hacia el sistema público. Incluso plantea que los pacientes en fases terminales sean los últimos en integrarse, una medida que refleja el nivel de detalle y sensibilidad necesario para gestionar este cambio.
El desenlace de estas negociaciones no solo definirá el futuro de Muface, sino también el impacto en la relación entre sanidad pública y privada en España.
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