Abertis ha decidido no seguir luchando contra el Gobierno por la histórica disputa sobre su filial Acesa, la concesionaria que gestionó los peajes de la AP-7 y la AP-2 hasta agosto de 2021. La empresa, controlada por ACS y la italiana Mundys, ha optado por no recurrir ante el Constitucional ni el Tribunal de Justicia de la UE después de que el Tribunal Supremo rechazara en enero su reclamación de 4.300 millones de euros. Con esto, el caso queda cerrado.
El Supremo ya dejó claro hace un año que la mayor parte de las exigencias de Abertis no tenían fundamento. La compañía reclamaba miles de millones por las obras de ampliación de la autopista desde 2006, pero el tribunal solo le reconoció 32,9 millones más intereses. Al final, el Gobierno abonó 92,4 millones en 2024 para cerrar el asunto, según la memoria anual de la empresa.
Aunque Abertis mostró su desacuerdo con la decisión judicial y evaluó posibles recursos, finalmente ha decidido no seguir adelante. Eso sí, la sentencia dejó un impacto financiero: una pérdida contable de 250 millones y un ingreso neto de caja de 65 millones. Aun así, con otros ajustes y extraordinarios, el impacto real en sus cuentas de 2023 fue de solo 29 millones.
El origen del conflicto
Acesa gestionó durante años los tramos clave de la AP-7 y la AP-2, dos de las autopistas más transitadas de España. La bronca con el Gobierno comenzó por un convenio de 2006 que permitía ampliar la AP-7 debido al aumento del tráfico y los constantes atascos. Cuando la concesión expiró en 2021, el Consejo de Ministros aprobó en 2022 una compensación de 1.069,9 millones por esas obras. Pero Acesa no estuvo de acuerdo: decía que le correspondían 5.373 millones y reclamó los 4.303 millones restantes. El Supremo tumbó su argumento.
El lío giraba en torno a cómo se calculaba la compensación. Básicamente, Acesa defendía que tenía derecho a una garantía de tráfico: si la cantidad de vehículos reales era menor a la esperada, el Estado debía cubrir la diferencia. Sin embargo, el Supremo dejó claro que en el convenio no se hablaba de ningún «rescate» por menor tráfico, así que el riesgo de demanda era cosa de la concesionaria.
Acesa también alegaba que había invertido 555 millones en las mejoras, y no los 505 millones que reconoció el Gobierno. El tribunal solo le dio la razón en una parte mínima y le concedió 32,9 millones extra. Además, la empresa pedía otros 203 millones por la reducción de tráfico en la AP-7 debido a las mejoras en la N-II (Gerona) y la N-340 (Tarragona), pero el Supremo rechazó esa reclamación porque no quedó probado que la afectación fuera significativa.
Con la renuncia a seguir peleando en los tribunales, Abertis cierra definitivamente este capítulo. Fin del litigio y a mirar hacia adelante.
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