AirefLa Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha mostrado su desacuerdo con la interpretación del Gobierno español ante la Comisión Europea, que sostiene que la Ley de Estabilidad Presupuestaria no requiere modificaciones para cumplir la nueva Directiva de marcos presupuestarios, salvo en aspectos vinculados al riesgo climático.
El organismo, presidido por Cristina Herrero, ha hecho públicas este jueves sus recomendaciones de seguimiento a las administraciones públicas correspondientes al segundo trimestre de 2025.
Durante este periodo, la Airef emitió 12 nuevas recomendaciones, distribuidas en 35 señalamientos a distintos ministerios, comunidades autónomas y corporaciones locales, con el objetivo de reforzar el marco fiscal, mejorar la transparencia y garantizar el cumplimiento de la regla de gasto.
Entre sus sugerencias, la Airef instó a integrar la regla de gasto de pensiones en el marco fiscal nacional, alineándola con los objetivos europeos.
Hacienda y Seguridad Social explicaron que ya trabajan en la transposición de la Directiva 2024/1265, revisando la normativa nacional para asegurar la coherencia con los requerimientos europeos.
Sin embargo, la Airef señala que esta transposición representa una oportunidad para consolidar un marco presupuestario de medio plazo adaptado a la realidad española y eliminar discrepancias con Europa.
Peticiones de la Airef
En materia de transparencia, la institución pidió ampliar la información del Informe de Progreso Anual y formalizar convenios con Economía y Defensa para acceder a datos sobre pasivos contingentes, entregas militares y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Hacienda respondió que los flujos de información ya están regulados, aunque la Airef considera que la información sigue siendo insuficiente.
A nivel territorial, se recomendó a comunidades y municipios, incluidos Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria y la Diputación de Valencia, vigilar la ejecución presupuestaria y adoptar medidas correctivas si fuese necesario.
La mitad de las autonomías asumió compromisos de publicación de seguimiento de la regla de gasto, aunque en algunos casos, como Galicia, los datos disponibles son históricos y limitan el control actual.
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