Moncloa.El Ejecutivo español ha entrado de lleno en la batalla corporativa más relevante del sector financiero en años. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha decidido elevar al Consejo de Ministros la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell, una maniobra que supone un giro inesperado tras el visto bueno de los reguladores independientes, como la CNMC y el Banco Central Europeo.
Aunque desde el Gobierno se insiste en que la intervención se hace “con todas las garantías”, el gesto ha generado inquietud en los mercados y tensiones con Bruselas, que ya ha advertido de que no ve razones legales para bloquear la operación y vigilará que la decisión española se ajuste al Derecho comunitario.
Escenario incierto: ¿qué puede hacer el Gobierno?
La legislación permite al Ejecutivo intervenir en una operación de concentración empresarial por motivos de interés general que no estén relacionados con la competencia –un ámbito ya valorado por la CNMC. Entre los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Economía figuran:
Protección del empleo
Cohesión territorial
Objetivos sociales y tecnológicos
Garantías regulatorias del sector financiero
Fuentes gubernamentales admiten que el objetivo es “asegurar que el impacto de la OPA no erosione los equilibrios económicos y territoriales” y que “la voz del conjunto de la sociedad haya sido escuchada”. En ese sentido, el Ejecutivo impulsó una consulta pública inédita, cuyos resultados, sin embargo, han sido recurridos ante la Audiencia Nacional por presuntas vulneraciones al principio de igualdad.
Reacciones: choque con BBVA y malestar en Sabadell
Desde BBVA, su presidente Carlos Torres ha calificado la OPA como “positiva para Cataluña, España y Europa” y ha lamentado que el Gobierno decida intervenir pese a que no existen objeciones legales. Sabadell, que inicialmente se mostró reacio a la oferta, ha adoptado ahora un perfil más prudente y evita alinearse abiertamente con La Moncloa, en un contexto en el que cada gesto puede marcar el desenlace de la operación.
Bruselas y el BCE vigilan
La Comisión Europea, que ya activó el mecanismo EU Pilot para seguir el caso, ha recordado que cualquier actuación estatal debe respetar las libertades fundamentales del mercado interior. El Banco Central Europeo, por su parte, ya validó la solvencia de la operación.
A partir de ahora, el Consejo de Ministros dispone de 30 días naturales, hasta el 27 de junio, para resolver. La decisión final podría incluir la modificación de condiciones o incluso establecer nuevos requisitos que BBVA tendría que evaluar.
Lo que está en juego
Más allá del control de Sabadell, la operación se ha convertido en un símbolo del rumbo que tomará la política económica del Gobierno en materia de fusiones bancarias. En juego está la credibilidad de los marcos regulatorios, la confianza inversora y la coherencia de España con los compromisos europeos sobre consolidación bancaria.
Mientras tanto, el sector financiero y los analistas observan con preocupación cómo una operación aprobada por los supervisores técnicos ha entrado ahora en un terreno político incierto.
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