El consejero delegado y cofundador de Glovo, Óscar Pierre, tendrá que presentarse el próximo 3 de diciembre ante el juzgado número 31 de Barcelona, tras ser vinculado con un presunto delito de contra sus trabajadores.
A Pierre lo acusan de mantener a los repartidores bajo un modelo de falso autónomo, según explica El Economista. El juicio determinará si habría infringido la Ley Rider y el fallo del Tribunal Supremo, que prohibió expresamente esta figura en 2020.
El cofundador de Glovo podría enfrentarse a una pena de hasta seis años de prisión, pues la Fiscalía ha dicho que es “indiscutible” que los riders son empleados por cuenta ajena.
Ya Delivery Hero, la matriz alemana de Glovo, ha admitido que podría enfrentar multas y reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social en España por hasta 400 millones de euros. Sin embargo, ha insistido en acudir a tribunales para defender su modelo de negocio.
La ley sobre Glovo
La Ley Rider en España, también conocida como Ley de Economía de las Plataformas Digitales, representa un hito en la regulación del trabajo en la economía digital. Esta normativa busca garantizar los derechos laborales de las personas que se dedican al reparto a domicilio a través de plataformas digitales como Uber Eats, Deliveroo o Glovo, entre otras
El principal objetivo de esta ley es establecer una presunción de laboralidad para los repartidores que trabajan para estas plataformas. Esto significa que, a menos que se demuestre lo contrario, se considera que estos trabajadores tienen una relación laboral por cuenta ajena con la plataforma, y no son autónomos como muchas veces se les clasificaba anteriormente.
La Ley Rider ha obligado a las plataformas digitales a realizar cambios significativos en su modelo de negocio
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