El Gobierno inició unas consultas preliminares de mercado para que las aseguradoras privadas interesadas en gestionar la asistencia sanitaria de los empleados públicos a través de Muface presenten sus propuestas de precios para los años 2025, 2026 y 2027.
Este proceso tiene como objetivo recabar la información necesaria para lanzar una nueva licitación que sustituya a la anterior, que quedó desierta debido al rechazo de las aseguradoras actuales —Adeslas, Asisa y DKV— a las condiciones económicas planteadas por el Ejecutivo.
En esta nueva licitación, el Gobierno propone un cambio en el periodo del contrato, ofreciendo un concierto de tres años (2025-2027) en lugar de los dos años (2025-2026) inicialmente planteados.
Las aseguradoras tendrán hasta el 4 de diciembre para presentar sus ofertas detalladas, incluyendo las primas por tramos de edad y los costes asociados que justifiquen los precios solicitados.
La información obtenida de estas consultas preliminares servirá para elaborar un informe que ayudará a definir las bases económicas de la nueva licitación de Muface. El contrato actual, que vence el 31 de enero de 2025, podrá prorrogarse hasta nueve meses más, hasta octubre de 2025, si no se llega a un acuerdo antes de esa fecha, según la Ley de Contratos del Sector Público.
¿Y la propuesta de eliminar Muface?
Este paso se da en un contexto de tensiones entre el Ministerio de Función Pública, que gestiona Muface, y el Ministerio de Sanidad, que propuso el desmantelamiento del sistema.
Sanidad aboga por transferir a los empleados públicos a la sanidad pública, una medida rechazada por el Ministerio de Función Pública, que insiste en mantener el modelo de Muface.
El proceso de consultas busca asegurar que los mutualistas sigan recibiendo asistencia sanitaria hasta que se resuelva el futuro del sistema.
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