Getty“Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cual es”. Los interminables casos de corrupción demuestran que la famosa frase del político francés Joseph Fouché está más vigente que nunca. Ya para 2013, un estudio elaborado por el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas estimaba que los casos de corrupción costaban a España 40.000 millones de euros anuales. Una cifra que, según los expertos consultados, habría ascendido hasta los 60.000 millones de euros. Se trata de un dato que ya fue puesto sobre la mesa por Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, y el exabogado del Estado, José Miguel Bueno.
Los datos son escalofriantes. Un informe del Fondo Monetario Internacional adelantaba, en 2019, que España se estaría dejando de recaudar, a causa de la corrupción, un 4,5% del PIB por un total de 60.000 millones de euros anuales. Sin embargo, la investigación aclaraba que se trataba de una estimación a la baja, por lo que el impacto podría ser mucho mayor al calculado por la entidad internacional.
En efecto, esta lacra no sólo se mide con lo que se deja de recaudar, sino que es también una externalidad que resta potencial a la economía. El estudio Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, editado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en 2018, defiende que acabar con la corrupción en España podría elevar un 16% el PIB per cápita en un plazo de quince años (más de 10.000 millones de euros anuales), lo que se traduce en un crecimiento anual de la economía de en torno al 1%.
“Esos cálculos se refieren a una elevación de la calidad institucional que, además de la reducción de la corrupción, involucra cuestiones como el aumento de la efectividad gubernamental en la provisión de servicios y la ejecución de políticas, la mejora de la calidad regulatoria en mercados como los energéticos, financieros y de telecomunicaciones, y el fortalecimiento de los mecanismos de control de las administraciones y de rendición de cuentas”, precisa a Business People uno de los autores del estudio de la Fundación BBVA, Francisco Alcalá Agulló.
Francisco Alcalá Agulló
El también doctor en Economía por la Universidad de Valencia y research fellow del Center for Economic Policy Research (Londres) se muestra optimista sobre la evolución que ha registrado España en la lucha contra la corrupción. “Creo que estamos bastante mejor que en la época anterior a la crisis financiera de 2008, que señaló los máximos de los niveles de corrupción, aunque la información y la percepción sobre los problemas de corrupción se produjo con cierto retardo”.
Y recuerda que “aquella situación estuvo asociada al boom inmobiliario, lo que llevó a prácticas muy negativas, sobre todo, en ayuntamientos y comunidades autónomas. Desde entonces, se ha mejorado, aunque no lo suficiente y quizá se está produciendo una nueva relajación de las conciencias en los últimos tiempos”.
Fernando Jiménez Sánchez, coautor del informe de la Fundación BBVA, no comparte la visión de su compañero de investigación. A su entender, “hubo una fase de adopción de medidas (años 2013-2015), y desde entonces prácticamente no se ha tomado ninguna más. Aquel paquete de medidas fue claramente insuficiente. La prueba está en que seguimos en caída libre en distintos índices que miden la calidad institucional como los WGI o el propio IPC de Transparency International”.
El catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y Doctor-Miembro del Instituto Carlos III-Juan March lamenta que “lo peor es que hay algunos otros países, dentro de la propia UE, que sí están progresando, lo que ahonda aún más la situación de España”.
Fernando Jiménez Sánchez
Visión europea
La Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF) justamente muestra dicha evolución en su informe anual, donde se resumen el número de investigaciones concluidas por la organización europea y las autoridades nacionales sobre el uso de fondos de la UE gestionados o gastados total o parcialmente a nivel nacional y regional. “Pero esto no es una clasificación de los Estados miembros más fraudulentos, sino una presentación factual de las investigaciones abiertas y concluidas durante el año. Simplemente observa los hechos y no toma en cuenta, por ejemplo, las diferencias en cada país en cuanto a la prevención del fraude o la corrupción, lo que puede explicar por qué ciertos países detectan y reportan menos que otros”, explica la OLAF a Business People.
“Y, por supuesto, la cobertura geográfica de las investigaciones de OLAF también puede diferir de un año a otro, dependiendo, entre otros factores, de la información que recibimos sobre presunto fraude y otras irregularidades y de la complejidad de los casos que manejamos. En otras palabras, tener más investigaciones en un país no necesariamente significa que ese país tenga un nivel más alto de fraude o corrupción que otros, sino que puede explicarse por el hecho de que se detectan y reportan más actividades ilícitas”, defienden desde Europa.
Sin embargo, desde el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) se critica que España no haya adoptado todas sus recomendaciones en la lucha contra la corrupción. Para Jiménez Sánchez el motivo radica en que “mejorar la calidad institucional y, con ello, tener una capacidad reforzada de luchar contra la corrupción supone que los partidos políticos perderían unos recursos de poder a los que se han acostumbrado y a los que no están dispuestos a renunciar si no notan la presión ciudadana”.
Y matiza: “Unas instituciones de control independientes y eficaces, una administración pública imparcial y meritocrática, significan que los partidos ya no podrían usar la colonización partidista de la administración como un botín que les permite mantener sus equilibrios internos de poder y hace más complicada la vida en el seno de los partidos. El coste de esto, sin embargo, es muy alto: corrupción, clientelismo e ineficiencia de las organizaciones públicas”.
Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF)
Cambiar el rumbo
El Doctor-Miembro del Instituto Carlos III-Juan March destaca que la corrupción no solo se traduce en la pérdida de recursos para mejorar políticas como educación, sanidad, protección social, investigación e innovación, sino que va mucho más allá. “La ausencia de una decidida estrategia contra la corrupción tiene también una serie de costes indirectos en la medida en que se incentivan comportamientos no productivos y se desincentivan decisiones individuales para conseguir, por ejemplo, una mayor formación. Si entiendo que estoy en un contexto de corrupción significativa, en lugar de emplear mi tiempo y mi dinero en formarme mejor o en inversiones productivas, emplearé mis recursos en conseguir las conexiones políticas necesarias que me permitan tener éxito en los negocios”, ahonda.
Si bien indica que España ya tiene instituciones suficientes que permitirían controlar la corrupción –como los tribunales de justicia, la Fiscalía especial contra la corrupción, el Tribuna del Cuentas, las oficinas antifraude de las CCAA, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno– el doctor en Economía por la Universidad de Valencia denuncia que el problema está en que “las leyes no se cumplen y las instituciones que deben velar por su cumplimiento carecen de medios para realizar su trabajo a tiempo, están mediatizadas políticamente y sufren una continua presión para reducir su independencia”.
Entonces, ¿qué debe cambiar?. Para Alcalá “es fundamental que el público conozca las instituciones de control de la corrupción y se rebele cuando los gobiernos intentan reducir sus medios o su independencia. Y para ello, es fundamental unos medios de comunicación independientes y de calidad. Lamentablemente, gran parte de los ciudadanos no tiene apenas educación política”.
Un listado al que suma otras propuestas su compañero de investigación de la Universidad de Murcia: “Primero, reforzar el estado de derecho, dotar de más recursos al sistema judicial al tiempo que se debilitan las influencias partidistas sobre jueces, fiscales y altos mandos policiales: elección por sorteo de los 12 vocales judiciales del CGPJ y baremos objetivos para los nombramientos en los altos tribunales; reforzar la independencia del Fiscal General del Estado y de la carrera fiscal frente a éste. Segundo, reforzar la imparcialidad de las administraciones públicas en España y reforzar la meritocracia. Tercero, reforzar las autoridades independientes de control con procedimientos más objetivos de selección de sus integrantes. Cuarto, incentivar a los informantes de corrupción y demás irregularidades con un buen sistema de protección que la Ley 2/2023 no garantiza suficientemente. Y quinto, un sistema mucho más transparente de control de la financiación de los partidos”.
Una hoja de ruta que despierta la duda sobre cuánto tiempo se necesitará para empezar a ver resultados en la lucha contra la corrupción. Para Jiménez Sánchez hay un caso real que puede servir muy bien de medida. “En Estonia, por ejemplo, se viene manteniendo una estrategia muy sólida y sostenida de mejora institucional y los resultados son visibles desde el principio. Pero el hecho de mantener esta estrategia pese al paso por el gobierno de diversos partidos ha conseguido lo más difícil, que hasta el grado de confianza de los ciudadanos estonios en sus instituciones públicas haya experimentado un vuelco espectacular en tan sólo 10 años. Con ello ha aumentado también espectacularmente la atracción de la inversión extranjera y el aumento de la renta per cápita en este pequeño país”.
Para Alcalá, hay que tomar en cuenta los dos niveles de consecuencias de la corrupción. “Por un lado, está la detracción directa de recursos financieros públicos que van a los bolsillos de los aprovechados. Y, por otro lado, está la destrucción de los incentivos al esfuerzo y la inversión productiva, lo que perjudica el crecimiento económico. Una mayor lucha contra la corrupción podría tener efectos relativamente rápidos sobre lo primero. Ahora bien, los efectos positivos de la reducción de la corrupción y la elevación de la calidad institucional sobre los incentivos a la inversión productiva solo se traducen en crecimiento económico a largo plazo”.
Y pone énfasis en que “no hay varitas mágicas para la creación de riqueza: hay que crear el marco institucional adecuado e invertir a largo plazo en capital humano y actividades productivas e innovadoras”.
Si bien ambos investigadores coinciden en que tampoco tienen una “bola de cristal” para pronosticar el futuro, sí advierten que la evolución de la corrupción en España dependerá de los propios ciudadanos. Para Alcalá, la clave está en alejarse de la politización que está llevando a ver la política como “si fuera un partido de fútbol” y donde “los insultos ganan cada vez más aplausos”. Su compañero Jiménez admite, por su parte, que “me gustaría pensar que la situación de hastío que ya vivimos y que nos ha convertido en el país de la UE con el nivel más bajo de confianza en nuestros partidos, nuestros políticos y nuestras instituciones públicas es suficiente acicate para que los ciudadanos valoremos a aquellos líderes políticos que asuman la seriedad de cambiar el rumbo del país y de poner en marcha una estrategia decidida de reforzamiento de la calidad institucional de nuestro sector público”.
La meta es clara: erradicar la lacra de la corrupción a través de los recursos existentes y con un nuevo modelo social que nos permita alcanzar los niveles de transparencia de los países escandinavos, Singapur, Nueva Zelanda o, más recientemente, Estonia. De lo contrario, España seguirá siendo consumida por este cáncer.