Congreso de EspañaEl Congreso de los Diputados aprobó el decreto ley promovido por el Gobierno para contrarrestar los efectos de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump a productos españoles.
El respaldo de 176 diputados, entre ellos los del PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, fue suficiente para superar los 169 votos en contra del PP, Vox y UPN, con la abstención clave de los cuatro diputados de Podemos.
El plan, bautizado como Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, contempla una movilización de 14.100 millones de euros, de los cuales 7.400 millones provienen de nueva financiación y el resto de instrumentos ya existentes.
Aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de abril, este decreto ofrece apoyo económico a empresas afectadas y medidas específicas para proteger a los trabajadores, entre ellas un mecanismo que incentiva su retención frente a posibles despidos.
Negociaciones por aranceles
La votación estuvo precedida por intensas negociaciones, especialmente con Junts, que finalmente se sumó al “sí” tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo.
Según el portavoz adjunto Josep Maria Cruset, Cataluña recibirá el 25% de las líneas de avales, lo que equivale a unos 3.000 millones de euros.
“Si el gobierno ha hecho lo que se ha acordado puede estar tranquilo”, afirmó la portavoz del grupo, Miriam Nogueras, en una entrevista televisiva.
No obstante, la vicepresidenta María Jesús Montero negó que exista un pacto territorial específico, asegurando que “no hay ningún tipo de acuerdo que beneficie a un partido o a un territorio”.
Mientras tanto, el PP criticó duramente el decreto, calificándolo de insuficiente y basado únicamente en “deuda y líneas de avales”.
Su propuesta alternativa de 12 puntos no fue considerada por el Gobierno, lo que terminó por romper las conversaciones, según explicó el vicesecretario Juan Bravo.
Podemos, por su parte, decidió abstenerse tras exigir medidas más contundentes como la expropiación de viviendas en manos de fondos estadounidenses.
La secretaria general Ione Belarra reconoció que la medida “no será útil” para proteger al tejido productivo.
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