TalgoEl destino de Talgo, una de las empresas emblemáticas del sector ferroviario español, está en el aire mientras se desarrolla una operación financiera a múltiples bandas para garantizar que la compañía permanezca bajo control nacional. En juego está el 40% del capital social de Talgo, con importantes actores implicados: José Antonio Jainaga, presidente de la siderúrgica Sidenor, junto con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Gobierno Vasco, buscan repartirse esa participación y evitar una oferta pública de adquisición (OPA) que podría poner a la empresa en manos extranjeras.
Un empresario español al frente
José Antonio Jainaga ha tomado la iniciativa en esta operación, planteando adquirir hasta un 29,9% de Talgo a través de su empresa Sidenor. El objetivo es mantenerse justo por debajo del umbral del 30%, establecido por la normativa como el punto que obliga a lanzar una OPA. Jainaga considera que Talgo, a pesar de sus recientes altibajos en bolsa, tiene un enorme potencial, y pretende hacerse con esta participación sin sobrepasar los 5 euros por acción que ofreció la empresa húngara Ganz-Mavag. La oferta húngara fue bloqueada por el Gobierno español por motivos de seguridad nacional, dejando así la puerta abierta para una alternativa local.
El rol de Trilantic y los accionistas mayoritarios
Sin embargo, la operación no es sencilla. El fondo británico Trilantic, principal accionista de Talgo con un 30% de su capital, no está dispuesto a vender por menos de 5 euros por acción, un precio que refleja su confianza en el futuro de la compañía. Trilantic no está solo en este bloque de accionistas. Junto a ellos se encuentra el fondo Torreal, de la familia Abelló, que posee un 3% de la empresa y también busca liquidar su participación, y la familia Oriol, herederos del cofundador de Talgo, que controlan un 7%.
El principal obstáculo en la negociación es alcanzar un precio que satisfaga tanto a Trilantic como al resto de los accionistas. La oferta de Jainaga, que según fuentes cercanas rondaría entre 4,10 y 4,30 euros por acción, está por debajo de las exigencias de Trilantic, lo que deja abierta la posibilidad de que el acuerdo no se cierre fácilmente.
Las administraciones públicas entran en juego
Un elemento clave en este escenario es el papel de las administraciones públicas. El Estado, a través de la SEPI, y el Gobierno Vasco, mediante su fondo Finkatuz, se han comprometido a asumir un 10% del capital de Talgo. Ambas entidades están dispuestas a invertir entre 20 y 30 millones de euros en total, asumiendo un 5% cada una, y dejando la mayor parte de la operación en manos del sector privado, en este caso liderado por Jainaga.
La participación del sector público se entiende como una medida para evitar que Talgo caiga en manos extranjeras, pero también refleja el interés por proteger una industria clave para el desarrollo económico y tecnológico del país. En este sentido, la operación cuenta con el respaldo de Moncloa, que ha confiado en Manuel de la Rocha, responsable de la Oficina Económica de Presidencia, para liderar el proceso. Esto ha dejado en un segundo plano a los ministerios de Industria y Transporte, que estuvieron implicados en las primeras fases de la negociación.
El mercado responde
El mercado ha reaccionado positivamente ante la posibilidad de que Talgo permanezca en manos españolas. Las acciones de la compañía subieron un 4,5% el martes, y un 4,9% el miércoles, situándose en torno a los 3,64 euros por título, aún lejos de los 4,78 euros que alcanzaron en febrero, pero recuperando terreno tras las recientes incertidumbres. Estas subidas reflejan la confianza del mercado en que la empresa tiene un futuro prometedor, siempre y cuando se cierre una operación que garantice su estabilidad y continuidad en manos locales.
¿Y La Caixa?
Un actor que parece haberse desmarcado de la operación es CriteriaCaixa, el brazo inversor de La Caixa. Inicialmente considerado como posible socio, desde la entidad han dejado claro que no han tenido contacto con Jainaga ni con los otros implicados. Su entrada en la operación estaría condicionada a la existencia de un socio industrial con el conocimiento técnico necesario para asegurar la viabilidad de la empresa a largo plazo, algo que por el momento no se ha materializado.
El futuro en manos españolas
A pesar de los desafíos, todo apunta a que Talgo podría seguir bajo control español, siempre que Jainaga y los gobiernos implicados logren superar los obstáculos financieros y negociar un precio que satisfaga a todas las partes. La inversión del empresario vasco podría superar los 150 millones de euros, una cifra considerable, pero que podría garantizar la continuidad de Talgo como un referente en la industria ferroviaria. Las administraciones públicas, por su parte, ya están preparadas para desembarcar en la compañía, con una inversión modesta pero significativa para asegurar que una de las joyas industriales de España siga en manos nacionales.
El desenlace de esta historia aún está por escribirse, pero lo que está claro es que el futuro de Talgo es, más que nunca, un asunto de interés estratégico para el país.
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