TalgoEl Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso clave para asegurar la continuidad nacional de Talgo, aprobando la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el capital de la histórica empresa ferroviaria con una inversión total de 75 millones de euros. La operación combina la adquisición directa de acciones por valor de 45 millones y la concesión de un préstamo participativo de 30 millones, según ha ratificado este martes el Consejo de Ministros.
Con esta operación, el Estado español pasará a controlar aproximadamente el 8% del capital social de Talgo, consolidando su presencia estratégica en un sector considerado clave para la soberanía industrial y el desarrollo tecnológico del país. Además, el Gobierno garantiza así que la gestión de la compañía permanezca bajo el consorcio vasco liderado por Javier Jainaga, actual presidente de Ingeteam, que lidera una oferta nacional para mantener el control de Talgo frente a posibles adquisiciones extranjeras.
La medida ha sido interpretada como una respuesta directa a las presiones del mercado y a los intentos de compra por parte de inversores foráneos, especialmente tras el interés manifestado en los últimos meses por parte de empresas internacionales por adquirir Talgo, fabricante de trenes de alta velocidad y proveedor clave para Renfe y otros operadores europeos.
La intervención del Ejecutivo se ha producido en coordinación con el Gobierno vasco, cuyo lehendakari, Imanol Pradales, se reunió recientemente con Sánchez en el Palacio de La Moncloa para cerrar los detalles del acuerdo. El movimiento refuerza también la colaboración institucional entre Madrid y Vitoria, asegurando una estructura de propiedad que mantenga la base tecnológica e industrial de Talgo dentro del Estado.
Fuentes del Ejecutivo defienden que esta decisión se enmarca en una estrategia más amplia de protección de sectores estratégicos, como ya ocurrió con la intervención en Indra o el refuerzo del control en Navantia y Airbus España.
Con este respaldo público, el Gobierno blinda la independencia industrial de Talgo en un momento de transformación global del sector ferroviario, y lanza una señal política y económica clara: las empresas estratégicas españolas no están en venta.
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