El salario bruto anual sube un 3,8% en 2024 y alcanza su nivel más alto desde 2008

El salario bruto anual por trabajador en España alcanzó los 27.558,68 euros en 2024, lo que supone un incremento del 3,8% respecto al año anterior, según la última Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato representa el nivel más elevado registrado desde que comenzó la serie histórica en 2008, reflejando una mejora notable en las condiciones salariales en el país.

Este aumento salarial responde a varios factores, entre ellos la recuperación económica tras la pandemia, las presiones inflacionarias que han obligado a muchas empresas a revisar al alza las remuneraciones para compensar la subida del coste de vida, y la competencia por atraer y retener talento en un mercado laboral cada vez más dinámico.

El salario bruto crece y se observa en casi todos los sectores productivos

El crecimiento del salario bruto anual se observa en casi todos los sectores productivos, con especial incidencia en actividades donde la demanda de trabajadores especializados es más elevada. Además, este incremento salarial podría contribuir a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, que durante los últimos años se había visto erosionado por la inflación.

Sin embargo, pese a este avance, expertos advierten sobre la necesidad de continuar monitorizando la evolución de los salarios para asegurar que el crecimiento salarial sea sostenible y no derive en presiones inflacionarias adicionales. También es fundamental que el aumento salarial vaya acompañado de mejoras en la productividad y condiciones laborales para lograr un equilibrio en el mercado.

En términos comparativos, el salario bruto anual promedio de 27.558 euros en 2024 supera con creces el registrado en años anteriores y se sitúa muy por encima de la media registrada en la década anterior, lo que evidencia un cambio estructural en la remuneración de los trabajadores españoles.

Estos datos del INE son una referencia clave para empresas, sindicatos y responsables políticos, ya que permiten evaluar la evolución del mercado laboral y diseñar políticas que fomenten un crecimiento económico inclusivo y sostenible.