GettyImagenEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que es conforme al derecho comunitario mantener demandas contra Banco Santander relacionadas con bonos convertibles de Banco Popular, siempre que dichas acciones judiciales se presentaran antes de la intervención de la entidad por parte de la Junta Única de Resolución (JUR).
Este pronunciamiento responde a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español, que solicitó aclarar si un procedimiento iniciado contra Banco Popular por bonos convertibles, transformados en acciones, podía continuar después de la adquisición de la entidad por Santander en 2017.
El TJUE recuerda su propia jurisprudencia, fijada en mayo de 2022 y septiembre de 2024, que establece que la normativa europea de resolución bancaria impide que los accionistas de un banco resuelto promuevan acciones de nulidad o responsabilidad tras la intervención.
Sin embargo, matiza que la situación es distinta cuando las demandas ya estaban en curso antes de la resolución.
El fallo subraya que este tipo de litigios previos no cuestionan ni la valoración de activos y pasivos ni la decisión de resolución, por lo que no interfieren con el procedimiento llevado a cabo por la JUR.
Además, el tribunal precisa que «los riesgos financieros derivados de los litigios pendientes se reflejan obligatoriamente en la contabilidad de los bancos que cotizan en Bolsa».
Respecto a la valoración de Banco Popular, el TJUE reconoce que la elaboración de inventarios siempre conlleva un grado de incertidumbre, lo que constituye un riesgo natural para cualquier entidad que asuma el control de otra.
En cambio, si las reclamaciones se interponen tras la resolución, los instrumentos financieros en cuestión no pueden considerarse «vencidos» o «devengados» debido al carácter retroactivo de los efectos de la resolución.
Otros casos del Banco Popular
Pero en los casos previos a la intervención, sí cabe encuadrarlos en estas categorías, lo que avala la continuidad de los procesos judiciales.
Con este fallo, el TJUE ofrece un marco de mayor seguridad jurídica tanto para los inversores afectados por los bonos convertibles de Banco Popular como para las entidades financieras que asumen bancos en crisis.
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