GettyImagenLa Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha expresado su rechazo a la propuesta acordada entre Junts y el Gobierno de España que establece que las empresas con más de 250 trabajadores deben prestar atención al cliente en catalán, aunque su sede no se encuentre en Cataluña.
Según la patronal madrileña, esta medida «atenta contra la libertad empresarial».
La iniciativa, anunciada este martes por Junts, busca garantizar que los consumidores que contraten servicios en Cataluña puedan comunicarse en catalán con los departamentos de atención al cliente.
CEIM considera que imponer esta obligación a empresas radicadas fuera de la comunidad autónoma vulnera la autonomía de gestión de las compañías.
En un comunicado, la patronal subrayó que «los empresarios de Madrid exigimos al Gobierno respeto a la libertad de empresa, en una economía regida por el intercambio y los precios en condiciones de igualdad, y dejar de lado las imposiciones, que tanto dañan la competitividad empresarial. Es inaceptable que se introduzca la política en las iniciativas empresariales. Debe respetarse el margen de autonomía de dirección para el empresario, característica inherente a cualquier empresa privada, sino estaríamos hablando de una empresa pública».
CEIM también recordó que muchas empresas que operan o mantienen relaciones comerciales con Cataluña ya ofrecen atención en catalán de manera voluntaria, como parte de su estrategia de negocio, «sin necesidad de imposiciones».
Además, criticó que la medida no se haya debatido con los propios afectados: «Se toman las decisiones en el ámbito político y se aplican al privado sin medir las consecuencias».
¿Por qué no el catalán?
La patronal alertó del impacto económico que podría tener la norma, señalando que, en un contexto de «incremento de la presión fiscal y de los costes sociales sobre las empresas», la obligación de implementar servicios de atención al cliente en catalán supondría «sobrecostes y merma de la productividad, que parece ser la última preocupación del Gobierno».
En conclusión, CEIM acusó al Ejecutivo de intervenir en la libertad de empresa por motivos políticos: «Lejos de velar por el interés general, el Ejecutivo está aceptando intervenir en la libertad de empresa solo por contentar a los nacionalistas y seguir en el poder. Es intolerable introducir obligaciones, burocracia, costes y disfunciones por razones meramente políticas».
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