España se ha quedado como la única gran economía de la Unión Europea que sigue aplicando un impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas energéticas. Dos años después de que la crisis inflacionaria desatada por la invasión de Ucrania pusiera en marcha estas medidas. Mientras países como Francia, Alemania e Italia ya han eliminado este tipo de gravámenes. Solo permanecen vigentes en algunos países de la UE como Hungría, Lituania, Eslovaquia y Chequia, y en Reino Unido fuera del bloque. Así lo revela un informe de la organización estadounidense Tax Foundation.
En marzo de 2022, la Comisión Europea recomendó a los países miembros imponer un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios, como parte del programa REPowerEU. Con la condición de que fueran medidas temporales, no retroactivas y que permitieran a las empresas cubrir sus costes. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez ya había tomado la delantera y en diciembre de ese mismo año introdujo un impuesto propio del 1,2% para las empresas energéticas y del 4,8% para la banca.
El impacto ha sido inmediato: en 2023, el primer año de aplicación, la Agencia Tributaria recaudó 2.908 millones de euros, casi alcanzando la previsión de 3.000 millones.
Según Cristina Enache, economista de Tax Foundation, España decidió mantener este gravamen más allá de los plazos establecidos por la UE porque «es un impuesto propio» que no se ajustó al régimen comunitario. Aunque inicialmente el gobierno tenía previsto ajustarse a los plazos europeos, finalmente decidió prorrogar el gravamen hasta 2024. Se especula con que podría extenderse incluso hasta 2025. Esta decisión choca con las peticiones del sector empresarial, que reclama que el impuesto grave los beneficios, no los ingresos. Ya que consideran la actual fórmula como confiscatoria.
Desde el Ministerio de Economía, fuentes cercanas han confirmado que la prórroga hasta 2025 está sobre la mesa y que seguirán la línea del acuerdo de coalición con Sumar, donde se comprometen a hacer permanente este gravamen.
Impacto en la inversión y el sector financiero
A pesar de las intenciones del Gobierno de mantener el impuesto, los expertos critican su eficacia. Enache advierte que estos gravámenes desincentivan la inversión, especialmente en el sector energético, donde penalizan incluso a las energías renovables. Tanto el modelo español como el británico, señala, podrían poner en peligro el crecimiento de las energías limpias. En cuanto a la banca, la economista subraya que el impuesto dificulta la capacidad de los bancos para enfrentar futuras crisis al reducir su capital.
Además, tras el acuerdo de gobierno con Sumar, la banca congeló la compra de deuda pública en octubre y noviembre, un signo preocupante que podría complicar las finanzas del Estado a largo plazo.
Un informe del Parlamento Europeo respalda esta visión, afirmando que históricamente los impuestos sobre beneficios extraordinarios han afectado negativamente a la inversión.
¿Un impuesto temporal o permanente?
El gobierno de Sánchez defiende que el impuesto es clave para sostener el «escudo social» del país. Sin embargo, el debate sobre su permanencia podría reabrirse pronto. En abril, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, propuso que este tributo se vuelva temporal y esté vinculado al ciclo de los tipos de interés. Al menos en el caso del sector financiero.
Por ahora, el futuro de este impuesto sigue en el aire, y el Ministerio de Economía no ha ofrecido más detalles sobre posibles cambios. Lo que está claro es que mientras los precios de la energía disminuyen, algunos expertos abogan por su eliminación en favor de reformas fiscales que generen ingresos estables a largo plazo.
El dilema se centra en cómo encontrar un equilibrio entre la recaudación fiscal y el fomento de la inversión en sectores clave para el futuro del país.
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