Ferrovial ha solicitado formalmente a la jueza Leigh Martin May, del distrito norte de Georgia (EE. UU.), que dé luz verde al inicio de la fase de investigación en el proceso judicial que mantiene contra Acciona, según adelanta Cinco Días. La empresa presidida por Rafael del Pino acusa a su competidor de haber accedido indebidamente a información confidencial mediante el fichaje de varios de sus exdirectivos, en lo que califica como un “plan concertado” para beneficiarse comercialmente.
El litigio, iniciado en febrero de 2025, apunta directamente a Jesús González Fernández, quien trabajó durante casi 20 años en Ferrovial y que, tras su salida en noviembre de 2024, se habría descargado más de 100.000 documentos sensibles de la red interna de la compañía, incluyendo planos de ingeniería, estrategias de licitación y información sobre precios.
Según Ferrovial, el movimiento no fue aislado. La demanda se amplió contra otros cuatro ex altos cargos que también abandonaron la empresa para unirse a Acciona, donde ahora trabajan en un proyecto de construcción de carreteras en Atlanta y Texas. La firma sostiene que esta serie de contrataciones forma parte de un “esquema organizado” para obtener ventaja competitiva de forma desleal.
En un escrito fechado el 21 de abril, Ferrovial solicitó que se impongan medidas cautelares para impedir que los acusados continúen utilizando los presuntos secretos comerciales robados, al tiempo que detalló las medidas de seguridad internas implementadas para proteger dicha información (controles de acceso, monitoreo digital, políticas internas).
Por su parte, Acciona, asesorada por el bufete Jones Day, presentó su oposición el 24 de junio, calificando la demanda de “historia sorprendente” sin sustento, y negó haber ordenado la retención o transferencia de información confidencial. Además, alegó que Ferrovial no ha identificado con precisión los secretos presuntamente robados, limitándose a describir categorías genéricas.
Acciona también subraya que su propia investigación interna no halló evidencia alguna de apropiación indebida y argumenta que el hecho de que sus nuevos empleados conservaran datos en dispositivos externos no puede ser motivo suficiente para una acusación de violación de secreto comercial.
En su réplica del 22 de julio, Ferrovial defendió que ha proporcionado datos específicos —fechas, carpetas, nombres de archivo, dispositivos utilizados—, lo cual, insiste, es suficiente para que el caso avance a la fase de discovery, donde ambas partes estarían obligadas a presentar pruebas documentales y a someterse a interrogatorios judiciales.
“La única cuestión que el tribunal debe resolver sobre este punto es si los demandantes han alegado suficientes hechos plausibles para justificar una reclamación”, reza el documento de Ferrovial, que insiste en que los exdirectivos traicionaron la confianza depositada en ellos al apropiarse, presuntamente, de información estratégica clave justo antes de su salida.
La jueza deberá ahora decidir si el proceso continúa, si se aceptan todos o solo algunos de los aspectos de la demanda, o si el caso debe ser archivado. Por el momento, la batalla legal entre dos de las mayores constructoras españolas sigue escalando, con implicaciones potencialmente graves en el mercado estadounidense de la infraestructura.
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