Banco Santander recurre el nuevo impuesto a la banca y se suma a la batalla legal liderada por AEB y CECA

El Banco Santander ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el nuevo impuesto a la banca aprobado por el Gobierno, siguiendo la senda ya iniciada por las patronales AEB (Asociación Española de Banca) y CECA. Estas organizaciones recurrieron en junio, una vez se publicó la orden ministerial que regulaba el modelo de autoliquidación y pago.

Este tributo, inicialmente planteado como una medida extraordinaria para los ejercicios 2022 y 2023, grava entre el 1% y el 7% del margen de intereses y comisiones generadas en España, dependiendo del volumen de ingresos. La medida afecta a las entidades con una facturación superior a los 750 millones de euros, y se ha prorrogado para este año, a pesar del cambio de contexto macroeconómico.

El sector bancario ha denunciado que esta carga fiscal puede tener un impacto negativo en la concesión de crédito, estimando una reducción potencial de hasta 50.000 millones de euros en capacidad de financiación. El Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han expresado su preocupación. El primero advirtió que el impuesto podría limitar la capacidad del sistema bancario para financiar la economía, mientras que el segundo ha recomendado al Ejecutivo eliminarlo.

Desde el sector se critica que España sea el único país europeo que aplica un gravamen de estas características a su banca, lo que genera un desequilibrio competitivo frente a otras entidades europeas.

A pesar de la posibilidad de prorratear el impacto fiscal, Santander estima que su carga tributaria por este concepto alcanzará los 348 millones de euros en 2025, por encima de los 338,5 millones del ejercicio anterior. Solo en el primer trimestre del año, la entidad ya ha desembolsado 87 millones.

La entidad presidida por Ana Botín considera que mantener este impuesto, cuando los tipos de interés están bajando —el BCE los ha recortado del 4,5% al 2% desde junio de 2024—, carece de justificación económica y se aleja del escenario de beneficios «extraordinarios» que sirvió como argumento inicial.