La Comisión Europea ha aceptado la petición del Gobierno de España de ampliar en seis semanas el plazo para responder al expediente de infracción abierto en julio por los poderes discrecionales que la legislación nacional otorga al Ejecutivo para intervenir en operaciones corporativas, como la OPA de BBVA sobre Sabadell.
Según confirmaron fuentes comunitarias, la solicitud fue remitida por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, encabezado por Carlos Cuerpo, y Bruselas ha respondido favorablemente, permitiendo al Ejecutivo preparar su defensa jurídica.
Motivos del expediente
La Comisión cuestiona que la normativa española pueda permitir al Consejo de Ministros revisar o frenar decisiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en materia bancaria. Bruselas sostiene que esta práctica no estaría alineada con el Derecho de la Unión Europea, ya que en su opinión solo cabe la supervisión técnica de organismos reguladores independientes.
Las dudas del Ejecutivo comunitario abarcan desde la transposición de directivas europeas, que según Bruselas requeriría modificaciones profundas, hasta la justificación de si la intervención del Gobierno en operaciones bancarias responde a un interés general legítimo.
Impacto en la OPA
No obstante, este proceso no afectará en la práctica al curso de la opa hostil lanzada por BBVA sobre Sabadell, sino que se centra en el marco normativo español.
Desde julio, el Ministerio ha asegurado que colaborará de forma “constructiva” con la Comisión para aclarar diferencias jurídicas o técnicas, recordando que la legislación cuestionada lleva en vigor desde hace años. En concreto, la Ley de Defensa de la Competencia data de 2007, y la Ley de Solvencia de Entidades de Crédito, de 2014.
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