Ministro Carlos Cuerpo / Foto: MoncloaEl Gobierno español ha solicitado a la Comisión Europea una prórroga para enviar la información requerida en el marco del expediente de infracción abierto el pasado mes de julio. El expediente se centra en los poderes discrecionales que algunas normas de la legislación española otorgan al Ejecutivo para frenar operaciones financieras, como la OPA de BBVA sobre Sabadell.
Según fuentes del Ministerio de Economía, la solicitud de tiempo adicional se realizó en los últimos momentos del plazo original, que vencía esta semana. El plazo máximo de respuesta podría extenderse hasta unas seis semanas, mientras que la Comisión Europea se pronunciará en los próximos días.
Las dudas de Bruselas incluyen:
La necesidad de una transposición más profunda de dos leyes europeas.
Si la intervención del Gobierno en la operación responde a un motivo real de interés general.
La posibilidad de que, en cuestiones bancarias, no corresponda elevar la decisión de la CNMC al Consejo de Ministros.
El proceso no afectará directamente a la operación de BBVA sobre Sabadell, ya que la preocupación principal de la Comisión se centra en la alineación de la legislación española con el Derecho de la UE.
En julio, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa aseguró que cooperaría de manera constructiva para aclarar «cualquier diferencia jurídica o técnica». La normativa en cuestión, según el Ejecutivo, lleva años vigente y se ha aplicado en varias ocasiones: la Ley de Defensa de la Competencia fue aprobada en 2007 y la Ley de Solvencia de las Entidades de Crédito en 2014.
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