Italia mantendrá la mayoría de condiciones impuestas a UniCredit en la compra de BPM pese al revés judicial

El Gobierno italiano planea restablecer la mayoría de las condiciones regulatorias que impuso al banco UniCredit para autorizar la adquisición de Banca Popolare di Milano (BPM), tras la reciente impugnación parcial del decreto por parte de la Justicia.

Según fuentes consultadas por Bloomberg, el Ejecutivo de Giorgia Meloni trabaja en un nuevo decreto que recogerá el grueso de las restricciones originales. No obstante, el texto aún se encuentra en fase de redacción temprana, por lo que el contenido final podría experimentar cambios.

La medida responde al fallo del Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lazio, que anuló dos de las cuatro condiciones impuestas inicialmente por el Gobierno. La corte cuestionó el uso del ‘poder de oro’, una prerrogativa estatal que permite intervenir en operaciones empresariales consideradas estratégicas, al considerar que parte de su aplicación resultó “ilegítima”.

OPA paralizada por 30 días

Mientras se redefine el marco legal de la operación, el regulador bursátil italiano ha decidido suspender por 30 días la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por UniCredit sobre BPM. El objetivo es garantizar que los accionistas de BPM puedan tomar una decisión informada en un entorno regulatorio claro.

Desde UniCredit, liderado por Andrea Orcel, se valoró positivamente el fallo judicial, al considerar que “confirma la ilegitimidad parcial del decreto”, destacando que las restricciones sobre la inversión de BPM en la gestora Anima fueron «aclaradas o modificadas implícitamente». En cambio, el tribunal validó como legítima la cláusula que exige el cese de actividades de la entidad en Rusia.

Intervencionismo bajo escrutinio

La compra de BPM por parte de UniCredit ha generado tensiones políticas, especialmente por la reticencia del Ejecutivo italiano a permitir una consolidación bancaria que podría debilitar el control nacional sobre entidades clave. El uso del ‘poder de oro’ ha sido objeto de creciente controversia, con críticas que apuntan a un exceso de intervencionismo estatal.