Oscar Pierre, consejero delegado y uno de los fundadores de Glovo, defendió este martes ante el juzgado número 31 de Barcelona su modelo laboral basado en la contratación de repartidores como autónomos.
Pierre está siendo investigado por un posible delito contra los trabajadores, en el marco de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Barcelona.
Durante su declaración, que duró apenas 15 minutos, el CEO de Glovo insistió en que su empresa ha ajustado su operativa a la normativa vigente, especialmente después de la sentencia del Tribunal Supremo.
Según fuentes jurídicas, que cita El País, Pierre explicó que la decisión de cambiar su modelo de trabajo, anunciado recientemente, no está relacionada con el proceso judicial en curso, sino con su deseo de lograr «paz social».
Este giro en la estrategia empresarial se produjo un día antes de su declaración en el tribunal, lo que algunos ven como una estrategia de defensa.
El cambio de Glovo
Glovo decidió regularizar a todos sus repartidores y contratarlos, algo que afectará a unos 15.000 trabajadores en España, aunque el Ministerio de Trabajo estima que más de 60.000 repartidores han trabajado para la empresa desde 2021.
El cambio de rumbo se produce en un contexto de múltiples sentencias en contra del modelo de Glovo, sanciones que ascienden a 267 millones de euros por cotizaciones impagadas, y la aprobación de la Ley Rider en 2021.
Pierre argumentó que Glovo siempre actúa conforme a los requerimientos judiciales y que la compañía ha adaptado su modelo para garantizar más flexibilidad a los repartidores, algo que según él, no fue suficiente para evitar la intervención legislativa.
Por su parte, el abogado de la acusación, Raúl Maíllo, que representa a los repartidores del sindicato CGT, ha señalado que, independientemente del cambio de modelo, los hechos del caso no cambian.
Afirmó que “el futuro no cambia el pasado” y destacó que la regularización no debe desviar la atención del proceso penal.
© Reproducción reservada