GettyImagenDelivery Hero, la empresa alemana propietaria de Glovo, ha duplicado en el último año sus provisiones para posibles multas, según su último informe anual. Al cierre de 2024, el grupo contaba con 900 millones de euros reservados para litigios y riesgos legales, frente a los 466 millones de 2023. Sin embargo, el importe de las sanciones podría superar esta cifra y alcanzar más de 1.340 millones de euros.
La Comisión Europea sancionó recientemente a Glovo y a Delivery Hero con una multa de 329 millones de euros por formar un cártel en el sector de comida a domicilio. Esta práctica limitaba la libertad de elección de empresas y consumidores, perjudicaba a los empleados y reducía la competencia e innovación.
Delivery Hero provisionó 400 millones
Delivery Hero ya había provisionado 400 millones en relación con esta investigación europea, pero las mayores preocupaciones se centran en España, donde la empresa tiene reservados 492,2 millones para multas, reclamaciones de Seguridad Social, IVA e intereses.
Este monto podría ser insuficiente, considerando que la empresa estima que solo los casos derivados de la Ley Rider, vigente desde agosto de 2021 y que regula el trabajo de los repartidores para evitar el uso de falsos autónomos, suponen un riesgo adicional de entre 440 y 770 millones de euros.
Además, en Italia, un juzgado ordenó en abril la reclasificación de autónomos como asalariados, con una multa estimada en 183 millones ya provisionados por Glovo. También se enfrentan a posibles sanciones por casi 60 millones en Portugal y Latinoamérica.
Por si fuera poco, en diciembre pasado, Just Eat presentó una demanda por daños y perjuicios contra Glovo, acusándola de vulnerar la Ley de Derecho Laboral al contratar falsos autónomos. Just Eat reclama 295 millones de euros, argumentando que Glovo obtuvo una ventaja competitiva injusta al ahorrar más de 645 millones en costes laborales al no contratar asalariados.
Cambio de modelo en Glovo
Para evitar estos problemas, Glovo implementó un nuevo modelo de contratación en España, aplicándolo a más de 900 ciudades y todas sus áreas de negocio. Este cambio se produjo tras la acusación de la fiscalía al consejero delegado y fundador, Óscar Pierre, por mantener un sistema de falsos autónomos, lo que podría acarrearle hasta seis años de prisión por delito contra los trabajadores.