La Moncloa y varias comunidades autónomas están ‘en guerra’. En los últimos años, el Gobierno de España viene impulsando un incremento gradual de la carga impositiva que afecta mayoritariamente a las grandes empresas, pero que repercute inevitablemente en todos los ciudadanos. Para hacer un contrapeso, desde regiones como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Galicia se está implementando la eliminación de los impuestos propios para intentar ‘salvar’ el poder adquisitivo de los hogares y fomentar el consumo y la llegada de las inversiones. Una batalla abierta que, en más de una oportunidad, hizo que hubiera un fuerte cruce de declaraciones entre ambas representaciones políticas.
Un informe del Instituto Juan de Mariana desvela que, entre 2019 y 2022, España fue el país de la Unión Europea con el mayor incremento de la presión fiscal. La investigación pone énfasis en que “de 2018 a 2024 se han aplicado no menos de 69 aumentos tributarios” desde Moncloa. Una carga que, lejos de haber llegado a su cúspide, se verá nuevamente incrementada en 2025, cuando se “pretende elevar la recaudación en otros 7.000 millones de euros”, según dicho estudio.
Unas estimaciones que podrán quedarse cortas, ya que las previsiones macroeconómicas que el Gobierno envió a la Comisión Europea en mayo admiten un nuevo aumento de la presión fiscal en España para el año 2025. En concreto, Hacienda prevé aumentar en 25.000 millones de euros, lo que supondría que la recaudación por impuestos avanzará desde los 386.000 millones a los 411.000 millones.
La clave del incremento se centrará en la imposición directa, esencialmente la vinculada al IRPF y al impuesto de sociedades, pero también la paulatina retirada de las ayudas para hacer frente a la inflación (incluido el incremento del IVA en alimentos básicos que se aplicará desde el 1 de octubre de 2024) y los efectos del tirón del empleo. Solo hasta abril, la recaudación tributaria creció un 7,3% (hasta los 97.339 millones), lo que se traduce en casi 7.000 millones más que en el mismo periodo de 2023. Unos datos que el Ministerio de Hacienda atribuye al “fiel reflejo de la mejora de la situación económica, que en 2023 nos hizo crecer cinco veces más que la media de la UE”.
Además, la cartera liderada por María Jesús Montero detalla a Business People que “España se encuentra por debajo de la media europea en presión fiscal” y que “la fiscalidad no es un problema para la llegada de inversiones ni para la contratación”. De ahí que sean contundentes al afirmar que: “El Gobierno tiene un compromiso de hacer permanentes tanto el impuesto a la banca como a las energéticas. Ese compromiso no se altera y se basa en el principio de justicia fiscal”.
Justamente en su plan fiscal, el Gobierno prometió “acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios” y aprobó medidas como Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que busca armonizar la tributación patrimonial a nivel nacional. El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Bernardo Bande García-Romeu, recuerda que “elaboramos un estudio exhaustivo sobre este impuesto donde ya manifestamos que su creación -con el objetivo de neutralizar políticas fiscales autonómicas lícitas sobre tributos cedidos- era, a nuestro juicio, inconstitucional e incompatible con el derecho originario de la Unión Europea”.
El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Bernardo Bande García-Romeu
“Si el Estado busca armonizar la imposición autonómica -finalidad legítima, per se-, debe acudir a la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y al resto del bloque normativo correspondiente, y no a modificaciones legislativas ad hoc sospechosas de perseguir el perjuicio, o beneficio, exclusivo de algunos territorios concretos en un momento determinado”, recomienda Bande García-Romeu. De lo contrario, teme que todo lo demás solo “sirva para alimentar la idea de que, efectivamente, existe una ‘guerra fiscal’ entre las Comunidades Autónomas y contra el Estado”.
Tras poner énfasis en que “la idea de que pueda existir una guerra fiscal entre territorios no beneficia a nadie”, el presidente de la AEDAF destaca la necesidad de implementar políticas fiscales que pongan facilidades al tejido empresarial que hace posible el crecimiento económico, esencialmente formado por pymes y autónomos. De ahí que vea con buenos ojos la Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida como Ley de Startups, “que incorpora un régimen legal atractivo, y un marco fiscal favorable para las empresas innovadoras y el talento profesional, emprendedor e inversor extranjero”.
Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública en la Universidad de Zaragoza, apunta a que la discrepancia entre Moncloa y las Autonomías “es normal, no alcanza las dimensiones de una ‘guerra fiscal’ y no tiene por qué ser perjudicial. Desde luego, hay que asegurar que las comunidades autónomas sean las únicas que asumen las consecuencias recaudatorias de las medidas que adopten, es decir, sin que existan, en su caso, compensaciones del nivel central”.
Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública en la Universidad de Zaragoza
Menos impuestos
“Nosotros no estamos en ninguna guerra”, sostiene Rocío Albert López-Ibor. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid explica que el Gobierno autonómico “sólo está pendiente de gestionar de la forma más eficiente sus recursos y de aplicar las políticas que han respaldado los ciudadanos en las últimas elecciones” y que “apostar por una política fiscal incentivadora que no ahogue a los contribuyentes está en el ADN del Partido Popular”.
La Comunidad de Madrid lleva bajando impuestos desde hace más de dos décadas y ahora también han cogido el testigo las CCAA que han cambiado de signo político como Andalucía o Aragón, entre otras. “Los resultados, en el caso de Madrid, es habernos convertido en la principal economía de España y ser región líder en captación de inversión extranjera, creación de empresas y de empleo. Como siempre digo, no es casualidad sino causalidad”, defiende Albert López-Ibor.
Los datos la respaldan. En el primer trimestre de 2024, Madrid acaparó el 62,1% de la inversión que llega a España. Muy por delante de la segunda, Cataluña, con un 16,3%. “Por desgracia, a nivel nacional está ocurriendo lo contrario desde que gobierna Pedro Sánchez, con una caída de la inversión del 50%. La explicación es que cuando un gobierno está cambiando continuamente las reglas del juego, sube los impuestos en más de 60 ocasiones y se saca de la manga la Amnistía o el cupo catalán, le está lanzando un mensaje muy negativo al inversor porque el patrimonio es libre”, lamenta la consejera.
Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda consideran que “a veces es necesaria más pedagogía fiscal” en las autonomías y defiende que “resulta incoherente es que algunas comunidades autónomas bajen los impuestos, especialmente a las rentas altas, pero después pidan al Gobierno central más recursos y financiación. El Gobierno tiene una hoja de ruta clara de avanzar en un sistema fiscal progresivo y justo”.
“Madrid no es una isla y nos afecta lo que ocurre a nivel nacional”, insiste la ‘popular’, quien muestra su preocupación por la financiación singular diseñada para Cataluña: “La financiación singular de Cataluña no tiene marco legal que lo ampare. Es ilegal. Ni está contemplado en la LOFCA ni en la Constitución Española. Además, supone romper completamente con la solidaridad interterritorial y un grave perjuicio para el resto de las comunidades autónomas”.
Y añade: “En cuanto a la cesión de la gestión de impuestos, el que debería de hacerse esa pregunta es Pedro Sánchez porque si eso acaba ocurriendo, el Estado dejaría de percibir parte de la recaudación de Cataluña. Según los cálculos del gobierno catalán, el rendimiento íntegro de los impuestos que se recaudan en su territorio está cercano a los 52.000 millones de euros. Es que todo esto no solo tiene consecuencias políticas por lo injusto que es para el resto de las comunidades autónomas de régimen común. Es que tiene un serio impacto económico, además de difícil engranaje jurídico”.
Rocío Albert López-Ibor, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid
Reformas urgentes
El Banco de España anticipó, en marzo, que La Moncloa debía realizar recortes del gasto público o aumentar los impuestos para cumplir con las reglas fiscales de la UE, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitaba un ajuste fiscal de 44.000 millones hasta 2028 y “eliminar de exenciones del IVA, armonizar la ratio de IVA y mayores impuestos medioambientales”.
En este sentido, Julio López Laborda admite que “hay una coincidencia muy generalizada entre analistas, centros de estudios, organismos públicos, como la AIReF y el Banco de España, e instituciones internacionales, como la OCDE y el FMI, en el diagnóstico del problema que aqueja a nuestras cuentas públicas: pese a la mejora reciente en la situación económica y la recaudación tributaria, España tiene un déficit estructural superior al 3,5% del PIB, que requiere de la aplicación de un plan de consolidación presupuestaria a medio plazo”.
Y matiza: “También hay acuerdo en las recomendaciones para abordar la consolidación: debería realizarse un ajuste de al menos un 0,5% del PIB durante un período entre cinco y siete años, con medidas tanto de aumento de ingresos como de reducción de gastos públicos”.
Desde el Ministerio de Hacienda especifican que “este Gobierno ha demostrado que se puede reducir el déficit público con una política fiscal prudente y un refuerzo del Estado de Bienestar”. Y precisan: “Hemos logrado reducir el déficit en casi 60.000 millones de euros en tres años. Hemos pasado de un déficit del 10,1% en 2020 como consecuencia de la pandemia, a un déficit del 3,6% en 2023 y el objetivo de situarlo en el 3% este año. Esta política fiscal ha sido avalada por la Comisión Europea, que no ha excluido a España del procedimiento de déficit excesivo”.
Conscientes de que aún hay ajustes por realizar, Hacienda indica que “seguimos trabajando para reducir la deuda y el déficit, como así lo reflejan las previsiones que hemos mandado a Bruselas”.
La ministra María Jesús Montero
El futuro fiscal
Para lograr las metas fiscales, España debe empezar a resolver sus grandes asignaturas pendientes. El presidente de la AEDAF cree que una de las más importantes es la “revisión del sistema de financiación autonómica y el régimen de cesión de competencias sobre los tributos autonómicos, como es el caso del Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”. A lo que suma la necesidad de “afrontar una reforma tributaria rigurosa que impulse la confianza en el sistema y cree condiciones favorables para el crecimiento económico”.
El catedrático López Laborda también apuesta por “la necesidad de una reforma estructural del sistema fiscal, que considerara el papel que debe desempeñar cada impuesto en el conjunto y cómo se relacionan entre sí los distintos tributos; que tuviera en cuenta la estructura territorial del Estado, asumiendo que no responde a una mera descentralización administrativa; y que tuviera la capacidad de adaptarse a los retos económicos y sociales del medio y largo plazo”.
“Nuestra historia en las últimas décadas muestra, más que reformas, sucesivos parcheos realizados con mayor o menor fortuna, con una perspectiva de corto plazo y no siempre considerando las implicaciones de las medidas adoptadas sobre los ingresos de otros niveles de gobierno”, especifica. De esta forma, una reforma estructural permitiría hacer ‘borrón y cuenta nueva’ en la política tributaria española y enterrar las armas de una guerra fiscal en la que no gana nadie.
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