A partir de 2024, ningún pago recibido por Bizum pasará desapercibido para Hacienda. El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, trabaja en un nuevo Real Decreto que eliminará el límite actual de 3.000 euros anuales para reportar pagos, obligando a las entidades financieras a informar sobre cualquier ingreso que reciban autónomos y empresarios, por pequeño que sea.
La norma, que está abierta a información pública hasta el 26 de diciembre, extiende esta obligación no solo a los bancos tradicionales, sino también a entidades de pago, compañías de dinero electrónico y financieras extranjeras que operen en España. Por primera vez, deberán comunicar cada mes todos los pagos realizados tanto por Bizum como por tarjeta, ya sean de crédito, débito, virtuales o prepago.
Esto significa que, si un autónomo recibe un pago de 20 euros a través de Bizum, será reportado a la Agencia Tributaria como parte de su facturación mensual. El objetivo, según explica Hacienda, es mejorar el control sobre posibles actividades no declaradas, haciendo que la supervisión fiscal sea más precisa y alineada con los plazos del IVA.
Control más estricto sobre el uso de tarjetas y Bizum
Otra de las novedades del Real Decreto es la obligación de reportar los movimientos realizados con tarjetas cuando el total anual supere los 25.000 euros. Esto incluye cualquier tipo de tarjeta, y la medida afecta tanto a entidades nacionales como extranjeras que presten servicios en España.
Cambios en la información de cuentas y efectivo
Además, las entidades deberán reportar mensualmente información sobre las cuentas corrientes de los residentes en España, identificando al titular, así como los saldos finales y medios del año. Esta frecuencia mensual reemplaza al actual reporte anual.
En cuanto a los movimientos en efectivo, se mantiene la obligación de informar cualquier operación superior a 3.000 euros. No obstante, esta medida ahora también se extiende a entidades de pago y compañías extranjeras con clientes en el país.
Un Real Decreto multifuncional
El proyecto no solo abarca la supervisión de pagos y cuentas, sino que también incorpora normativas como el nuevo impuesto mínimo del 15% en Sociedades para multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros. Este tributo también se aplicará a sus filiales en el extranjero, y el reglamento aclara los aspectos técnicos necesarios para calcular su base imponible.
Este Real Decreto representa un paso más en el control fiscal del tejido empresarial, apostando por una supervisión más detallada y continua. Para autónomos y empresarios, las reglas del juego están cambiando: la digitalización de los pagos trae consigo una lupa fiscal cada vez más minuciosa.
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