Pedro SánchezEl Gobierno de Pedro Sánchez sigue jugándosela en el tablero fiscal. En el último Consejo de ministros del año, Hacienda sacó adelante un Decreto-ley que revive el gravamen temporal a las energéticas, aun sin tener garantizados los apoyos clave de Junts y PNV para convalidarlo en el Congreso. ¿La jugada? Retrasar el primer pago del impuesto de febrero a junio y ganar tiempo para negociar.
¿Qué cambia con este movimiento?
Hasta ahora, las empresas energéticas debían pagar el 50% del impuesto en febrero y el resto en septiembre. Pero con esta modificación, Hacienda evita un lío monumental: que las compañías paguen un impuesto que podría quedar anulado antes de verano. Si el Congreso no lo valida, podría implicar devoluciones millonarias con intereses.
Además, el retraso hasta junio le da a la ministra María Jesús Montero cinco meses para desatascar las negociaciones con Junts y PNV y decidir si el gravamen sigue en pie o no. Todo esto ocurre mientras el Decreto-ley intenta convertirse en ley para darle más seguridad jurídica y, de paso, abrir la puerta a acuerdos con las haciendas forales.
El reloj corre: 30 días para decidir el Decreto de Hacienda
El Decreto-ley publicado el 24 de diciembre tiene fecha de caducidad. Si el Congreso no lo aprueba antes del 23 de enero, se anula automáticamente. Esto obliga a convocar una sesión extraordinaria en pleno enero, un mes en el que normalmente el Parlamento está de vacaciones.
Junts y PNV, claves en esta votación, están poniendo cara de póker. Por un lado, Junts teme que el impuesto ahuyente inversiones en Cataluña. Por otro, PNV prefiere que se convierta en un tributo permanente para que las haciendas forales puedan meter mano en la recaudación.
¿Y el resto de actores?
El PSOE ya tiene algunos aliados asegurados, como Bildu, ERC y BNG, gracias a promesas de bonificaciones. Pero el PP, como era de esperar, está en modo bloqueo total. Si el Gobierno consigue superar el primer obstáculo en el Congreso, los populares podrían poner palos en las ruedas desde el Senado para ralentizar el proceso.
Además, dentro del propio bloque progresista, la tensión se palpa. Podemos está frustrado por no lograr que Junts y PNV se sienten a negociar un diseño más justo del impuesto, mientras que Montero intenta equilibrar el malestar con gestos como paralizar el famoso “plan B” de equiparar fiscalmente el diésel a la gasolina.
¿Qué está en juego?
La batalla no es solo económica, también política. Si Hacienda falla en esta maniobra, no solo pierde la recaudación prevista, sino que podría enfrentarse a la devolución del impuesto con intereses. Y en un año que promete ser agitado, el tiempo extra conseguido con este retraso será crucial para pactar o, al menos, salvar la cara.
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