El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander desestimó la demanda presentada por Iberdrola contra Repsol, por lo que la eléctrica calificó de “blanqueo ecológico” o greenwashing.
El fallo considera que la comunicación corporativa y las campañas publicitarias de Repsol en 2023 sobre su compromiso con la sostenibilidad no constituyen publicidad engañosa ni competencia desleal, tal como había argumentado Iberdrola.
Este juicio se convirtió en un caso de referencia en España, ya que es el primero en el país en tratar la cuestión del greenwashing entre empresas, una práctica que busca mostrar a las empresas como más respetuosas con el medio ambiente de lo que realmente son.
Aunque el greenwashing está prohibido por la normativa europea, aún no es adaptado al marco legal español, lo que llevó a Iberdrola a presentar la demanda bajo la Ley de Competencia Desleal, dirigida a frenar la publicidad engañosa.
El fondo de la demanda contra Repsol
En su demanda, Iberdrola argumentaba que las campañas de Repsol inducían a error al consumidor, al presentarse como líder en la transición energética cuando, en realidad, la mayor parte de sus ingresos provienen de los hidrocarburos.
Sin embargo, el juez Carlos Martínez de Marigorta Menéndez concluyó que las campañas de Repsol no hacían afirmaciones engañosas sobre sus productos y que los consumidores, en su mayoría, conocen bien la naturaleza de la compañía, asociada principalmente con las estaciones de servicio y los combustibles, cuya relación con el impacto ambiental es ampliamente conocida.
El magistrado también destacó que, aunque Repsol se presenta como “comprometida con la sostenibilidad”, no se hace ningún tipo de afirmación sobre las características medioambientales de sus productos, como la eficiencia o el impacto de los combustibles.
La sentencia también desestimó que Repsol tratara de confundir al consumidor con sus metas de reducción de emisiones, ya que las declaraciones sobre emisiones “netas” son comprensibles y coherentes con la regulación vigente.
Por su parte, Repsol celebró la sentencia, defendiendo que refleja su compromiso real con la sostenibilidad y el esfuerzo en la transición energética.
Iberdrola, sin embargo, lamentó que la legislación española aún no esté alineada con la normativa europea y advirtió sobre la necesidad urgente de tomar medidas contra el greenwashing.
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