Las prórrogas alegales en los planes de reestructuración empiezan a ser la norma en España. La Ley Concursal solo contempla una extensión máxima de tres meses para el preconcurso una vez agotado el primer trimestre, pero tras la reforma de 2022, varias compañías están exprimiendo al máximo esta interpretación y solicitando más tiempo a los juzgados. Este es el caso de Duro Felguera, que ya lo logró, y ahora Imasa está planteándose hacer lo mismo, enfrentándose al mismo desafío que la firma presidida por Eduardo Espinosa.
La ingeniería que lidera José Ignacio Martínez planea pedir al Juzgado Nº4 de Oviedo unos días extras para continuar negociando con sus acreedores y presentar un nuevo plan que demuestre la viabilidad de la compañía, según confirman diversas fuentes consultadas por elEconomista.es. Con esta prórroga, a la que ya se han acogido otras empresas en apuros como el grupo energético Soltec, se alejaría el riesgo inmediato de entrar en concurso de acreedores y posible liquidación.
Imasa sigue negociando con sus principales acreedores, entre los que destacan bancos nacionales como Santander, BBVA y CaixaBank, junto con alguna entidad internacional con menor exposición, como Deutsche Bank. Estas entidades cuentan con el respaldo de la consultora EY, mientras que la compañía está asesorada por NK5, especializada en operaciones complejas y con experiencia en procesos similares, además del despacho Ontier.
El banco de inversión JB Capital también ha entrado en escena, aunque su papel se centra en buscar un socio que aporte liquidez. De hecho, JB Capital ya facilitó una solución para Nervión, una filial de Amper dedicada también a ingeniería, que terminó vendiéndose a Mutares, un grupo alemán cotizado que ahora suena en las quinielas. Por el momento, Imasa no ha respondido a las preguntas de este medio.
El precedente de Duro Felguera
La solicitud de prórroga llega justo después de que Duro Felguera, una compañía con características similares, consiguiera el mismo beneficio en los tribunales. La empresa con sede en Gijón comparte, entre otras cosas, un acreedor principal con Imasa: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que aportó 35 millones a través de su fondo de rescate. Los pagos que Imasa debe afrontar en 2025 son modestos, unos 3,8 millones, mientras que las grandes devoluciones están previstas para 2028 y 2029.
Fuentes cercanas aseguran que si Imasa pide el plazo extra, la banca probablemente no lo impugnará, facilitando que el juez lo autorice. En el caso de Duro Felguera, los acreedores que dieron el visto bueno fueron Banco Sabadell, Banco Santander y Unicaja Banco, que representaban un 63,69% del pasivo.
La defensa del plazo adicional también se sustentó en el papel estratégico de Duro Felguera, apoyado en el rescate público que ejecutó la SEPI. Tanto Duro Felguera como Imasa están entre las empresas asturianas que aún no han devuelto toda la ayuda pública recibida, junto a Isastur, otra firma del sector. Esta última recibió 40 millones en préstamos participativos y ordinarios, y todavía registró pérdidas de algo más de seis millones hasta el pasado ejercicio, según sus últimas cuentas.
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