GettyImagenLa Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el despacho Statera Lega, que actúa contra la consulta pública impulsada por el Gobierno para valorar si la OPA de BBVA sobre Sabadell debía someterse al análisis del Consejo de Ministros.
El tribunal no solo estudiará la validez del proceso, sino que abrió una pieza separada para valorar si se impide al Ejecutivo utilizar los datos recogidos en dicha consulta como base para futuras decisiones.
El Ministerio de Economía tiene ahora un plazo de diez días para presentar sus alegaciones.
Statera Legal sostiene que la consulta pública carece de respaldo legal, presenta «graves defectos formales» y no garantiza mecanismos mínimos de autenticación.
La plataforma habilitada para recabar opiniones permitió la participación mediante identidades falsas o documentos inventados, lo que, a juicio del despacho, pone en riesgo la integridad del proceso.
Ante la Audiencia Nacional
“La consulta no tiene cabida formal en el ordenamiento jurídico”, argumenta Statera, que también advierte sobre los peligros de suplantación masiva o ciberataques al carecer de sistemas de validación.
Por ello, solicitó de forma cautelar que se suspenda el uso de los resultados hasta que se resuelva el fondo del recurso.
Esta medida busca “evitar la pérdida de la finalidad legítima del recurso y asegurar la efectividad de la futura sentencia”.
La consulta fue anunciada el pasado 6 de mayo por el presidente Pedro Sánchez como una herramienta de participación ciudadana, aunque no vinculante.
El titular de Economía, Carlos Cuerpo, defendió su utilidad y anunció que se publicará un informe con sus resultados.
La finalidad era determinar si existían motivos de “interés general” suficientes para llevar la opa al Consejo de Ministros, lo que podría alterar los compromisos de BBVA con la CNMC.
Cinco ministerios, entre ellos los de Trabajo, Industria y Transición Ecológica, respaldaron la revisión política de la operación.
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