PixabayEn un esfuerzo por abordar la creciente problemática de la escasez de viviendas para alquiler residencial, el Gobierno central ha anunciado nuevas medidas para regular la proliferación de viviendas turísticas, que ha aumentado significativamente tras el confinamiento. La prioridad es clara: garantizar el derecho social a la vivienda en un contexto de precios disparados y una oferta limitada.
Regulación en zonas tensionadas
El Gobierno ha expresado su preocupación por el impacto negativo que los alojamientos turísticos están teniendo en el mercado de alquiler residencial, especialmente en las grandes ciudades donde la demanda de vivienda supera con creces la oferta disponible. «Yo no quiero entrar en las competencias de las comunidades autónomas pero esto es de mi incumbencia. Está tensionando el mercado y hay que abordarlo», afirmó la ministra Isabel Rodríguez.
La nueva normativa se enfocará en limitar los alojamientos turísticos en las zonas más afectadas, donde la presión sobre el mercado inmobiliario es mayor. «Los apartamentos turísticos debemos regularlos atendiendo a esa necesidad de cada zona. Para entornos rurales, en cambio, son una oportunidad. Debemos observar esa autonomía local actuar casi con bisturí», añadió la portavoz, subrayando la necesidad de un enfoque específico para cada área. En particular, se enfatizó que «en las zonas tensionadas hay que limitar los alojamientos turísticos» para evitar que lugares como el centro de Madrid se conviertan en «parques temáticos» en detrimento de los residentes locales.
Implementación de un registro de inmuebles y lucha contra el fraude
Para asegurar el cumplimiento de las nuevas regulaciones, el Gobierno promoverá la creación de un registro de inmuebles turísticos, lo que permitirá una mejor supervisión y control del sector. Además, se intensificarán las medidas para perseguir el fraude y la ilegalidad en el mercado de alquiler turístico, garantizando que todas las propiedades cumplan con las normativas establecidas.
Avales ICO para jóvenes y familias
En paralelo a estas medidas, el Gobierno ha lanzado una línea de avales ICO del 20% para facilitar la compra de viviendas a jóvenes y familias con menores a cargo, aprobada en febrero. La ministra ha anunciado que estos avales estarán disponibles en las entidades financieras a partir de mediados de mayo.
Para acceder a estas ayudas, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener entre 18 y 35 años o menores a su cargo y una renta no superior a 37.800 euros.
- Tener residencia legal en España acreditada e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo.
- No tener un patrimonio superior a 100.000 euros.
Un compromiso con el derecho a la vivienda
El Gobierno central ha reafirmado su compromiso de asegurar que la vivienda siga siendo un derecho social accesible para todos. Reconociendo la complejidad del problema, se ha comprometido a implementar soluciones efectivas que equilibren el mercado inmobiliario y protejan los intereses de los ciudadanos. La combinación de regulación específica, supervisión rigurosa y apoyo financiero apunta a crear un entorno más estable y accesible para los residentes en España.
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