La danesa Orsted vivió este martes una de sus jornadas más favorables en el mercado bursátil tras recibir un fallo judicial que le permite reanudar las obras del parque eólico marino Revolution Wind, frente a la costa de Rhode Island.
El proyecto, paralizado desde el 29 de agosto por orden de la Administración Trump, obtiene así un aval clave que allana temporalmente su camino.
Las acciones de Orsted llegaron a subir hasta un 12% en la Bolsa de Copenhague, un repunte que arrastró al resto del sector renovable.
Entre los más beneficiados destacaron Vestas, con un alza del 3%, y las españolas Acciona y Acciona Energía, que avanzaron más del 2%.
Los datos de Orsted
El impulso llegó tras la decisión del juez federal Royce Lamberth, quien dictaminó que bloquear las obras podía causar “daños irreparables” y concedió una orden judicial preliminar al concluir que Revolution Wind probablemente tendría éxito en su demanda.
La compañía había alegado que la suspensión violaba tanto su derecho al debido proceso como la ley federal, calificándola de “arbitraria y caprichosa” tras años de coordinación con las autoridades. El parque se encuentra ya en un 80% de avance.
Orsted había advertido que los retrasos suponían un coste de 25 millones de dólares semanales, no solo en Revolution Wind, destinado a suministrar energía a hogares de Rhode Island y Connecticut, sino también en su otro gran proyecto estadounidense, Sunrise Wind, frente a Nueva York.
En conjunto, sus proyectos en EE UU representan un 20% de los 8,1 gigavatios que la compañía construye a nivel global y que podrían aportar ingresos de hasta 1.900 millones de dólares anuales.
Pese a la victoria legal, la incertidumbre continúa. Un portavoz de la Casa Blanca advirtió que la sentencia “no será la última palabra”. La administración Trump ha intensificado su ofensiva contra la eólica marina, imponiendo restricciones a arrendamientos y permisos federales.
El contexto ha obligado a Orsted a reforzar su balance con una ampliación de capital de 9.500 millones de dólares, con el fin de asegurar la continuidad de proyectos críticos en Estados Unidos.
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