Pedro SánchezEl Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido mantener en 2025 varias medidas del decreto anticrisis que arrancaron tras la guerra en Ucrania. Estas iniciativas, enfocadas en aliviar el bolsillo de los sectores más vulnerables, incluyen desde cambios en impuestos hasta ayudas al transporte. Aquí te lo resumo:
- Subida del mínimo exento en el IRPF:
El umbral para no tener que hacer la declaración de la renta subirá a 15.876 euros anuales. Esto beneficia a unos 5,2 millones de personas (asalariados y pensionistas, en su mayoría) y supone un ahorro total de 1.385 millones de euros, según Hacienda. Ya el año pasado, este límite había pasado de 14.000 a 15.000 euros, pero este nuevo ajuste está vinculado al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
- Suspensión de desahucios para familias vulnerables:
La medida estrella de Podemos sigue en pie. Los desahucios hipotecarios para familias en situación crítica estarán suspendidos durante todo 2025, aunque algunos partidos como Bildu presionan para que esta protección se haga permanente. Por ahora, sigue sin fecha de caducidad hasta mayo de 2028, como ya aprobó el Congreso.
- Rebaja en el IVA del aceite de oliva:
El aceite de oliva, básico en muchas casas, mantendrá su IVA reducido al 4% (en lugar del 10%) como medida para amortiguar la subida de precios.
- Ajuste en el bono social eléctrico:
Aunque el bono eléctrico seguirá en vigor, los descuentos comenzarán a reducirse de forma progresiva:
- Usuarios vulnerables: del 50% inicial, bajará un 7,5% cada tres meses hasta quedarse en el 35%.
- Vulnerables severos: del 65%, bajará hasta el 50%.
- Ayudas al transporte público:
El transporte sigue siendo una prioridad. El metro tendrá un descuento del 50%, mientras que los trenes de Cercanías seguirán siendo gratis. Esto fue parte de un acuerdo entre el PSOE y Podemos.
¿Qué queda en el aire para el Gobierno de Pedro Sánchez?
Un punto clave aún sin resolver es la prohibición de cortar suministros básicos (agua, luz, gas) a las familias vulnerables. Esta medida tiene vigencia solo hasta el 31 de diciembre de 2024, y su continuidad dependerá de las negociaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente con Bildu, que busca asegurar la prórroga.
El Ejecutivo quiere seguir ayudando, pero sin desbordar las cuentas públicas, ya que las medidas en 2023 costaron alrededor de 3.000 millones de euros. Este nuevo «escudo social» promete alivio, pero con ajustes más controlado
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