El nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, encara sus primeras semanas de gestión con un desafío mayúsculo, y la tributación de los ultrarricos en el centro del debate.
Lecornu quiere lograr que el Parlamento apruebe el presupuesto de 2026 sin que su gobierno corra la misma suerte que los anteriores.
La elevada deuda pública, que ya alcanza el 114% del PIB, y un déficit del 5,4%, marcan el telón de fondo de un debate que divide al país.
Entre las propuestas que más polémica generan se encuentra la llamada “tasa Zucman”, un gravamen del 2% anual sobre patrimonios superiores a 100 millones de euros.
La medida, promovida por el economista Gabriel Zucman, afectaría al 0,01% de los contribuyentes —unos 1.800 hogares fiscales— y, según sus cálculos, permitiría recaudar hasta 20.000 millones de euros.
“Estamos ante un bloqueo presupuestario, político, por la negativa a abordar seriamente el problema de la no tributación de los ultrarricos. Mientras tanto, será difícil pedir esfuerzos a los franceses”, declaró Zucman en France Inter.
La idea ha cobrado fuerza tras el paso de François Bayrou, quien dimitió el 9 de septiembre tras plantear un severo plan de ahorro con recortes sociales y la supresión de dos días feriados.
Lecornu ya descartó ambas medidas, además de eliminar beneficios vitalicios para antiguos miembros del gobierno, pero no ha dado señales de apoyar la propuesta de Zucman.
El debate se intensificó cuando siete premios Nobel de Economía, entre ellos Paul Krugman, Joseph Stiglitz y Esther Duflo, firmaron en Le Monde una columna a favor del impuesto, recordando que las grandes fortunas han aportado proporcionalmente menos que las clases medias gracias a estructuras fiscales que facilitan la elusión.
Debate por ultrarricos
La oposición de izquierda respalda la tasa, mientras que la derecha tradicional y la ultraderecha se mantienen en contra. Sin embargo, la medida cuenta con un amplio respaldo social: un sondeo de Ifop indica que el 86% de los franceses está a favor del impuesto y el 79% apoya reducir las ayudas públicas a las grandes empresas.
Desde la izquierda, voces como la de Raquel Garrido, exdiputada de La Francia Insumisa, sostienen que el Nuevo Frente Popular, con 192 escaños, debería liderar las negociaciones.
“Esa deuda es de Macron, porque cada año perdemos entre 60.000 y 80.000 millones en exoneraciones a los ultrarricos”, afirmó en declaraciones a RFI.
Mientras tanto, la tensión se traslada a las calles. El movimiento “Bloqueemos todo” ya movilizó protestas el 10 de septiembre, y las principales centrales sindicales convocaron una huelga nacional para el 18 de septiembre, con más de 220 manifestaciones previstas.
“El presupuesto se decidirá en la calle”, advirtió Sophie Binet, líder de la CGT, anticipando una jornada de fuertes perturbaciones en el transporte y un nuevo pulso social contra el gobierno.
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