Aeropuerto de LutonEl reciente embargo judicial sobre la participación de Aena en el aeropuerto de Luton, Londres, es un capítulo más en la saga de complicaciones legales que enfrenta el Estado español debido a los recortes en las primas a las energías renovables. Este caso se inscribe en una serie de 26 laudos que aún están pendientes de pago, sumando más de 1.200 millones de euros en indemnizaciones a inversores afectados.
En este contexto, la medida cautelar tomada por un tribunal británico responde a una petición de NextEra Energy, un gigante estadounidense que reclama la ejecución de un laudo de 291 millones de euros. Este laudo fue dictaminado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial, como compensación por las pérdidas en dos plantas termosolares ubicadas en Extremadura.
Aena, con una participación del 51% de la sociedad pública Enaire, no ha sido notificada formalmente de estas medidas cautelares. En un comunicado dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa expresó que no es parte en el proceso judicial de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral y afirmó que, una vez notificada oficialmente, tomará las acciones pertinentes para defender sus intereses y los de sus accionistas.
Este no es el primer embargo relacionado con el recorte de las primas energéticas renovables. En julio, los tribunales belgas también ordenaron el embargo de transferencias de Eurocontrol a Enaire, en relación con una indemnización inicialmente valorada en 32 millones de euros y posteriormente incrementada a 83,7 millones de euros. Este caso involucraba al fondo Blasket Renewable Investments.
Otros organismos públicos españoles, como el Instituto de Cervantes y el Instituto Español en Londres, han sido igualmente objeto de embargos debido a la misma causa. El impacto económico de estas medidas es significativo; en el caso del aeropuerto de Luton, se trata de una infraestructura que generó 194 millones de euros en ingresos y un ebitda de 75 millones de euros en el primer semestre.
La situación subraya la creciente presión sobre España para resolver estas disputas y pagar las indemnizaciones debidas, lo cual no solo afecta a las finanzas públicas sino también a entidades participadas por el Estado y sus activos internacionales.
© Reproducción reservada