GettyImagenLa Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se incorporará finalmente a la operación industrial que busca tomar el control de Talgo, el histórico fabricante español de trenes. El acuerdo se cerró esta semana en una reunión clave entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, celebrada en Madrid.
Con esta decisión, se desbloquea la participación de la SEPI como socio financiero del consorcio vasco liderado por Sidenor, junto a las fundaciones bancarias BBK y Vital, y el fondo público Finkatuz, dependiente del Ejecutivo autonómico. La operación contempla la adquisición del 29,7% del capital de Talgo, actualmente en manos del fondo Trilantic, por un importe estimado de 153 millones de euros.
Un apoyo condicionado por Bruselas y la banca
Durante semanas, la reticencia de la SEPI había mantenido la operación en punto muerto. El organismo público, presidido por Belén Gualda, planteaba condiciones claras para no comprometer ni la legalidad del proceso ni la viabilidad futura de la compañía. Entre los requisitos:
Que el consorcio formalizara su entrada efectiva en el accionariado, lo cual aún no ha sucedido pese al preacuerdo firmado hace cinco meses.
Que la concesión del préstamo público no coincidiera con el aterrizaje de los nuevos socios, con el objetivo de evitar que la ayuda fuese considerada rescate estatal por parte de las autoridades comunitarias.
El Gobierno vasco, por su parte, ha defendido el proyecto como una operación industrial estratégica, con el foco puesto en mantener la sede y el empleo de Talgo en Euskadi.
Deudas, multas y dudas: los obstáculos ocultos
A medida que los potenciales compradores escarbaron en las cuentas de Talgo, se toparon con más incertidumbre de la prevista. Por un lado, una sanción de 116 millones de euros impuesta por Renfe a raíz del retraso en la entrega de los trenes Avril. Aunque el pago ha sido aplazado hasta 2031, sigue suponiendo una carga relevante para el balance de la empresa.
A esto se suma una deuda financiera que supera los 400 millones de euros y una refinanciación compleja, con un pool bancario de más de 20 entidades exigiendo nuevos avales para validar el relevo en la propiedad.
Un acuerdo político bajo presión
Ante el escenario, José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y cara visible del consorcio inversor, recurrió a las negociaciones políticas entre el PNV y el PSOE, que trazaron un nuevo esquema financiero: la SEPI aportaría un préstamo participativo convertible a precios de mercado, con un tipo de interés del 5%, lo suficientemente elevado como para evitar que se considere ayuda de Estado.
En caso de impago, una tercera parte de Talgo pasaría a manos públicas, reforzando la posición del Estado en una empresa considerada estratégica para el sector ferroviario español.
El acuerdo estuvo a punto de romperse tras la negativa de la SEPI a cubrir los 150 millones de euros inicialmente comprometidos. Finalmente, el holding público redujo su aportación a la mitad (75 millones) y solicitó al consorcio que completase el resto. Desde el PNV se criticó duramente la maniobra, acusando al PSOE de poner en riesgo el cierre de la operación.
Financiación privada como salvavidas
El Gobierno vasco movió ficha en tiempo récord. En solo 48 horas, logró asegurar su parte del préstamo y cerrar un acuerdo con entidades privadas como Kutxabank, que aportarán financiación complementaria al consorcio a un interés del 7%, según avanzó El Correo.
A pesar de que los detalles del acuerdo aún no se han hecho públicos, el propio Pradales confirmó desde La Moncloa que el pacto está “definitivamente encauzado” y que la SEPI actuará como “acompañante de la operación industrial”, lo que garantiza su papel como socio financiero y estratégico, pero sin tomar el control.
Con la entrada de la SEPI confirmada, el camino queda despejado para que Talgo entre en una nueva etapa de gestión con capital vasco y apoyo institucional. Queda por ver cómo evolucionará la gobernanza de la compañía y si este modelo de colaboración público-privada marcará un precedente en futuras operaciones industriales de calado nacional.
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