La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció este jueves su intención de promover una reforma de la incapacidad temporal, o baja laboral flexible, para otorgar mayor flexibilidad en ciertos casos que permitan una reincorporación laboral parcial. Actualmente, bajo la regulación vigente, un trabajador en baja médica no puede desempeñar ningún trabajo, ya que en tal situación la prestación sería denegada, suspendida o anulada.
En un evento organizado por el Nueva Economía Forum, Saiz explicó que, bajo principios de «voluntariedad y garantía de salud y seguridad», en algunos casos podría permitirse que personas en baja médica retomen parcialmente su actividad laboral.
Saiz comparó esta reforma con la reciente modificación en el ámbito de las pensiones, que permite compatibilizar trabajo y pensión para quienes lo deseen. Esta nueva medida, explicó, funcionaría como una especie de baja flexible, permitiendo una reincorporación gradual y no tan abrupta como lo es ahora.
Como ejemplo, mencionó casos como el tratamiento de cáncer o situaciones de pluriactividad, donde una baja puede afectar solo a una de las ocupaciones del trabajador, pero no a la otra. «Es necesario ofrecer más flexibilidad», señaló, añadiendo que hay personas que pueden estar incapacitadas para una actividad, pero sí en condiciones de realizar otras.
Saiz subrayó que la reforma se llevará a cabo mediante un grupo de trabajo, dentro del marco del diálogo social y con el objetivo de lograr consenso, para adecuar la incapacidad temporal a las nuevas realidades laborales. También mencionó que este tema ya quedó pendiente en el último pacto de pensiones, y se requiere un análisis de su evolución, un aspecto que preocupa tanto a los agentes sociales como al Gobierno.
Opinan los sindicatos
Desde el sindicato UGT, se ha mostrado cautela ante el anuncio, haciendo hincapié en la necesidad de mejorar la prevención, diagnóstico, tratamiento y curación de las enfermedades que generan incapacidades temporales, para asegurar una recuperación completa de los trabajadores.
Los sindicatos UGT y CCOO han expresado dudas sobre cómo encajaría esta «baja flexible». Desde CCOO, Carlos Bravo ha señalado que hablar de «voluntariedad» en situaciones de incapacidad temporal genera incertidumbre, pues si un médico considera necesaria la baja, no sería razonable permitir al trabajador reincorporarse parcialmente.
El gasto en subsidios de incapacidad temporal ha aumentado significativamente desde la pandemia. En los primeros ocho meses de 2024, el gasto ascendió a 10.422 millones de euros, un 17,6% más que el año anterior, superando las previsiones presupuestarias. Según Bravo, este incremento se debe a factores como el envejecimiento de la población trabajadora y los retrasos en los servicios de salud, que requieren más financiación.
Además, Saiz adelantó que el próximo lunes, 7 de octubre, se abrirá una nueva mesa de diálogo social para avanzar en el sistema de cotización de autónomos basado en ingresos reales. Este proceso, que afecta a más de 3,6 millones de autónomos, busca regularizar las cuotas abonadas de más o de menos.
Por otro lado, la ministra destacó que el fondo de reserva, conocido como la hucha de las pensiones, terminará el año con más de 9.000 millones de euros, superando las previsiones iniciales, y que la legislatura concluirá con más de 25.000 millones.
En cuanto a política migratoria, Saiz informó que asistirá al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) en Luxemburgo el 10 de octubre, siendo la primera vez que un ministro de Migraciones de España participa en este foro. Subrayó la importancia de apostar por una migración regular, ordenada y segura, para evitar tragedias como la de El Hierro en septiembre.
El nuevo reglamento de extranjería se centrará en tres pilares: formación, empleo y familia, con un enfoque en los derechos humanos. En los últimos tres años, más de 350.000 personas han regularizado su situación en España, y la reforma ha facilitado la contratación en los países de origen mediante programas de migración circular.
Saiz también destacó que la segunda reforma del reglamento ha permitido que el 60% de los menores no acompañados estén ya registrados en la Seguridad Social, y ha simplificado los trámites para que los estudiantes extranjeros continúen su formación en España sin tener que regresar a sus países de origen.
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