Las autoridades de Estados Unidos han detenido a 475 trabajadores, en su mayoría ciudadanos surcoreanos, en una instalación de Hyundai Motor en Georgia, en el marco de una investigación criminal sobre presuntas prácticas laborales ilegales.
La redada, ejecutada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha paralizado la construcción de la nueva fábrica de baterías para vehículos eléctricos que Hyundai desarrolla en conjunto con LG Energy Solution.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur ha protestado formalmente, señalando que los detenidos trabajaban para una “red de subcontratistas” y no eran empleados directos de Hyundai.
“Los derechos e intereses de los ciudadanos coreanos no deben ser vulnerados durante las operaciones de aplicación de la ley de Estados Unidos”, declaró el portavoz Lee Jaewoong.
Por su parte, Hyundai confirmó la operación policial pero aclaró que ninguno de los detenidos trabaja directamente para la compañía.
“Estamos comprometidos con el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en todos los mercados donde operamos y esperamos el mismo compromiso de nuestros socios y proveedores”, indicó la empresa en un comunicado.
La compañía designó a Chris Susock, su director de fabricación en Norteamérica, para supervisar la planta de Georgia y realizar una investigación interna sobre el cumplimiento de las normas por parte de contratistas y subcontratistas.
“Hyundai tiene tolerancia cero para quienes no cumplen la ley”, concluyó la nota.
Esta operación forma parte de la campaña de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha prometido llevar a cabo la mayor operación de expulsión de inmigrantes en la historia de EE.UU. Actualmente, se estima que alrededor del 5 % de la fuerza laboral del país está conformada por inmigrantes indocumentados, lo que genera preocupación por el impacto económico de estas redadas en la producción industrial.
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