La ministra Yolanda Díaz firmó el aumento de SMI junto a delegados sindicalesA finales de enero, Yolanda Díaz cerró un acuerdo con los sindicatos para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 4,4%, situándolo en 1.184 euros. Aunque la subida quedó por debajo del 5-6% solicitado por CCOO y UGT, ambos sindicatos respaldaron la medida a cambio de abrir una mesa de negociación en un plazo de dos meses, del cual ya ha transcurrido uno, para endurecer los requisitos que rigen la actualización de nóminas conforme al nuevo SMI.
En la actualidad, las empresas pueden evitar que el aumento del SMI eleve automáticamente los salarios de sus empleados absorbiendo o compensando ciertos complementos salariales. Esta práctica, avalada por el Tribunal Supremo, permite a las compañías ajustar pluses ya reconocidos en los contratos para mantener estable la remuneración total. No obstante, el Gobierno y Yolanda Díaz planean una reforma legal que limite este margen de acción, asegurando que los complementos y pluses se mantengan tras la actualización del salario base, lo que obligaría a las empresas a pagar sueldos más altos.
Este cambio se enmarcará en la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos, cuya adaptación a la normativa española estaba pendiente desde noviembre del año pasado. Aunque aún no hay fecha para la primera reunión de la mesa de negociación, en ella participarán también las patronales CEOE y Cepyme, que no suscribieron el acuerdo inicial.
La clave de Yolanda Díaz: blindar los complementos salariales
El Estatuto de los Trabajadores establece que la revisión del SMI no afectará la estructura ni la cuantía de los salarios cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, superen el mínimo fijado (actualmente 16.576 euros al año). Sin embargo, las empresas pueden alcanzar este umbral sumando al salario base pluses como nocturnidad, antigüedad o disponibilidad, excluyendo aquellos destinados a compensar gastos laborales, como dietas o transporte.
Los sindicatos han expresado su rechazo a la jurisprudencia que permite a las empresas elevar el salario base mientras reducen complementos equivalentes, ya que consideran que esta práctica perjudica a los trabajadores con sueldos ligeramente superiores al SMI, al impedirles beneficiarse de las subidas salariales.
Según Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, esta medida ha generado un «aplanamiento» de los convenios colectivos, reduciendo la brecha salarial entre distintas categorías profesionales.
Revisión de pluses y nuevas medidas en negociación
UGT también busca revisar qué conceptos deben incluirse en el salario y cuáles no, con especial atención a los complementos por insularidad o residencia en Ceuta y Melilla, que consideran que deberían quedar protegidos.
El Gobierno ya había mostrado su disposición a abordar este asunto en negociaciones previas, pero es la primera vez que el compromiso se plasma por escrito en un acuerdo sobre el SMI. Aunque la definición de la estructura salarial corresponde a la negociación colectiva, el Ejecutivo podría consensuar cambios solo con los sindicatos e incorporarlos en la transposición de la directiva europea.
Además, en el marco de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, Yolanda Díaz ya incluyó una disposición para evitar que las empresas compensen esta reducción salarial absorbiendo otros beneficios laborales. De manera similar, el nuevo marco legal sobre el SMI podría incluir una actualización automática de los salarios dentro de los convenios colectivos con efecto retroactivo desde el 1 de enero, garantizando su cumplimiento sin demoras, especialmente en sectores como el agrario.
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