PexelsEn España, la proporción de asalariados públicos respecto a los ocupados en la economía privada es de 1 a 4,9. Esto se traduce en un total de 3,6 millones de trabajadores del Estado, de los cuales 1,5 millones serían excedentes, según el informe «Constitución y familia: un principio fallido», publicado este miércoles por el Centro de Estudios Universitarios – Centro de Estudios de la Familia y Sociedad (CEU-CEFAS). El informe, elaborado por el demógrafo Alejandro Macarrón y el economista Rubén Manso, exdiputado de Vox, indica que estos trabajadores cobran un 45% más en promedio que sus homólogos en el sector privado, generando un coste laboral teórico estimado en 2023 de más de 66.700 millones de euros, equivalente al 5% del PIB anual.
El gasto público
El informe detalla que, además de los salarios, cada empleado público genera un gasto adicional del 10% al 30% más que su sueldo en conceptos como espacio de oficina, limpieza, material de oficina, electricidad, viajes, gastos administrativos, formación, seguros y servicios externalizados. Este gasto adicional elevaría el coste total por encima de los 70.000 millones de euros. En términos específicos, un empleado público costaría en promedio alrededor de 46.666 euros al año al erario público.
Comparación histórica y crecimiento del empleo público
El documento compara la situación actual con la de 1976, dos años antes de la aprobación de la Constitución Española. En aquel entonces, había un asalariado público por cada 8,4 ocupados en la economía privada. Si se hubiera mantenido el nivel de austeridad de hace cuarenta años, habría 1,5 millones menos de empleados públicos hoy en día. Este cálculo orientativo sugiere que, de mantenerse la proporción de 1976, el exceso de empleados públicos en la actualidad implica un costo significativo para los españoles no agraciados con estos empleos.
La cifra de 3.593.000 empleados públicos en España se basa en la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2023, que incluye a todo el personal remunerado por las Administraciones Públicas: funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y eventual.
Impacto económico y fiscal
El informe subraya la depauperación demográfica y económica de España desde 1978, señalando una mayor presión fiscal de un Estado «menos austero y eficiente». En la década de los 70, los españoles pagaban entre un 20% y un poco más de sus ingresos en impuestos, mientras que hoy pagan en promedio entre un 40% y 45%. Además, los autores destacan que una parte significativa de los impuestos actuales no se traduce en prestaciones o beneficios para los ciudadanos, sino que se utiliza para abonar los intereses de la deuda pública, que ha aumentado drásticamente desde el 7% del PIB en 1976 hasta casi el 110% en 2024.
Deuda pública y presión fiscal
El endeudamiento del Estado se presenta como una «pesada carga futura para las familias». En 2022, el 5% de los impuestos se destinaron al pago de intereses de la deuda pública. Los autores argumentan que el gasto público y la presión fiscal se han disparado en España, en parte para «comprar votos y pagar redes clientelares», incluyendo la contratación de un número excesivo de empleados públicos y prestaciones generosas financiadas con dinero del contribuyente.
El informe de CEU-CEFAS presenta tesis polémicas que probablemente generarán un amplio debate. Según los autores, el aumento desproporcionado del empleo público y la carga fiscal asociada no solo afectan la eficiencia y la austeridad del Estado, sino que también implican un coste elevado para los contribuyentes españoles. La discusión sobre la relación entre el sector público y privado, así como la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, continuará siendo un tema candente en el panorama económico y político de España.
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