PexelsEl Gobierno español ha diseñado un ambicioso plan para enfrentar el desafío del envejecimiento del personal en la Administración Pública, un problema que se intensificará en la próxima década con la jubilación de cerca de un millón de empleados. La solución propuesta se basa en la implementación de tecnología avanzada, específicamente la inteligencia artificial (IA), para cubrir la brecha que dejarán estos trabajadores y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.
Análisis detallado
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los 3,55 millones de empleados en el sector público, más de un millón y medio se encuentran en el umbral de la jubilación. Dentro de este grupo, 574.800 tienen entre 55 y 59 años, 420.800 entre 60 y 64 años, 61.600 entre 65 y 69 años, y 1.900 tienen 70 años o más. Además, otro medio millón de funcionarios, con edades entre 50 y 54 años, también se acercan a la edad de retiro, lo que subraya la urgencia del problema.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, ya había anunciado en enero el inicio de proyectos con IA para aliviar la presión sobre las plantillas de la Administración, especialmente tras los desafíos de la pandemia y la implementación de nuevas prestaciones y servicios. En un reciente encuentro organizado por el Consejo General de Economistas, Escrivá reiteró la importancia de transformar la Administración Pública mediante la tecnología. «En los próximos diez años o incluso menos se nos va a jubilar casi el 60% de los funcionarios de las AAPP y estamos ya teniendo dificultades. Por tanto, esto puede ser muy útil», afirmó.
La IA no solo se utilizará para cubrir los puestos vacantes, sino también para asistir a los funcionarios que continúen en sus roles, mejorando la provisión de servicios públicos. «Sobre todo eso es la clave, que les ayudará a desenvolverse mejor y a servir mejor a los ciudadanos», destacó Escrivá.
Impacto en todas las administraciones
El plan del Gobierno contempla la aplicación de la IA en una amplia gama de sectores y funciones, incluyendo justicia, medicina, transporte, atención al ciudadano y tramitación de expedientes, abarcando todas las zonas geográficas y niveles administrativos. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales serán particularmente afectadas por las jubilaciones, ya que el 58,1% de los asalariados públicos de 55 años o más están en las CCAA y el 20,8% en la administración local. El resto se distribuye entre la administración central (13,5%), empresas o instituciones (5,6%), y la Seguridad Social u otros (2%).
La implementación de IA busca no solo mantener la operatividad de la Administración Pública, sino también mejorarla, haciendo más eficientes y accesibles los servicios para los ciudadanos.
Condiciones laborales y pensiones
El envejecimiento de la plantilla y la consiguiente jubilación de un gran número de funcionarios también tiene implicaciones significativas para el sistema de pensiones. Actualmente, la pensión media de los funcionarios es considerablemente más alta que la del resto de jubilados, superándola en más de 1.000 euros y siendo un 80% más elevada en términos relativos, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta diferencia se debe a los salarios generalmente más altos y las mayores cotizaciones de los empleados públicos durante su vida laboral.
En 2022, el salario medio de los trabajadores del sector público fue de 2.835 euros mensuales, un 45% superior al salario medio del sector privado, que se situó en 1.958 euros al mes. Este diferencial se explica por el mayor porcentaje de asalariados con estudios superiores, ocupaciones más cualificadas, jornadas a tiempo completo y más antigüedad en el sector público.
La implementación de IA en la Administración Pública no solo es una respuesta a un problema demográfico, sino también una oportunidad para modernizar y hacer más eficiente el sector público, garantizando la continuidad y mejora de los servicios esenciales para la sociedad.
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