GettyImagesEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España a pagar una multa de 6.832.000 euros por no transponer en plazo la Directiva europea de conciliación de la vida laboral y familiar, que obliga a los Estados miembros a garantizar permisos parentales retribuidos.
La sentencia llega tan solo tres días después de que el Gobierno aprobara tres semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijos, medida que buscaba reforzar la conciliación laboral, aunque ha resultado tardía para frenar la sanción. Además, la resolución advierte que, si el incumplimiento persiste, España deberá abonar una multa coercitiva de 19.700 euros diarios hasta que se complete la transposición de forma efectiva.
La Comisión Europea recurrió al TJUE en enero de 2024, tras constatar que España no había integrado en su legislación nacional, antes de agosto de 2022, las medidas clave para garantizar la igualdad de derechos en el ámbito familiar y profesional. Entre ellas, se exigía establecer al menos cuatro meses de permiso parental por progenitor, con seis semanas retribuidas en una primera fase, y otras dos semanas más en un segundo plazo que vencía el 2 de agosto de 2024.
Pese a que el Ejecutivo español adoptó medidas parciales, como el decreto de junio de 2024, Bruselas consideró que no se cumplió ni en tiempo ni en forma. Además, España no notificó adecuadamente los cambios introducidos, lo que contribuyó a la decisión del tribunal de Luxemburgo.
Uno de los puntos más conflictivos ha sido la nomenclatura usada por el Gobierno para justificar el cumplimiento de la norma. En lugar de retribuir las ocho semanas completas del nuevo permiso parental, el Ejecutivo ha optado por repartir ese tiempo entre otros permisos existentes, como las semanas extra por nacimiento, lactancia acumulada y excedencias vinculadas al cuidado de menores. Bruselas no ha aceptado del todo este enfoque, y ha considerado que España ha hecho un uso cuestionable de la llamada “cláusula pasarela”.
El intento del Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, de sacar adelante un real decreto en 2023 para cumplir con la directiva fracasó tras ser rechazado en el Congreso de los Diputados, con la negativa clave de Podemos. Desde entonces, el país ha mantenido Presupuestos prorrogados y no ha logrado aprobar medidas suficientes.
Con esta sentencia, el TJUE deja clara su postura: los compromisos en materia de conciliación laboral deben ser asumidos de forma clara, efectiva y dentro de los plazos acordados. El riesgo ahora es mayor: si España no actúa con rapidez, la sanción diaria podría multiplicarse, alcanzando hasta 43.920 euros diarios en caso de una segunda condena.
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