Getty ImagesLa subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está siendo el tema caliente entre el Gobierno y la patronal. Aunque CEOE y Cepyme han lanzado una contraoferta, proponiendo un aumento del 3% (unos 34 euros más al mes, llevándolo a 1.168 euros brutos en 14 pagas), el Gobierno la ha calificado de “insuficiente”. ¿El motivo? Esta cifra no llega al compromiso del 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea.
En la reunión, que tuvo lugar esta tarde, la oferta del patronal vino con condiciones: cambiar la ley de desindexación (para que las empresas puedan trasladar sus costes a los contratos con el sector público) y reducir las cotizaciones sociales del campo, un sector especialmente afectado por los aumentos de costes laborales. Pero desde el Ministerio de Trabajo han sido claros: no hay acuerdo.
“El Gobierno quiere ser claro: una propuesta del 3% no es adecuada. No podemos contemplar nada que esté por debajo de las recomendaciones de los expertos”, afirmó Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo. La cifra que plantea el equipo de Yolanda Díaz está más cerca de los 1.184 euros, un aumento de 50 euros que sigue la recomendación más alta del comité de expertos.
Choque de posiciones
La propuesta de CEOE y Cepyme sigue la línea del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que habla de subidas del 3% ampliables al 4% si el IPC lo supera. Es, según la patronal, una postura “coherente”. Pero los sindicatos no lo ven igual: ellos quieren subidas del 5% o incluso del 6%.
La negociación sigue abierta, y el Gobierno ha extendido el plazo una semana más para tratar de acercar posturas. Mientras tanto, el tiempo corre. Desde esta mañana, el SMI de 1.134 euros ya no está en vigor tras la no aprobación del real decreto ómnibus en el Congreso. Ahora, el Ministerio de Trabajo busca alternativas legales para que los contratos no se desajusten a la baja.
La ley de desindexación: ¿el gran escollo?
Un punto importante en la discusión es la ley de desindexación, que afecta a empresas que trabajan con el sector público, como servicios de limpieza o mantenimiento. Estas compañías llevan tiempo alertando que no pueden asumir los incrementos del SMI y de las cotizaciones laborales, lo que ha hecho que muchos contratos ya no sean rentables.
Aunque Yolanda Díaz está dispuesta a impulsar el cambio de esta ley desde su grupo parlamentario, las rebajas en las cotizaciones sociales del sector agrario son otra historia. Ni los sindicatos ni el Ministerio de Trabajo ven esta idea con buenos ojos, y, además, no sería competencia directa de este último.
¿Qué pasará ahora?
La negociación está más trabada que el tráfico un lunes por la mañana. Por un lado, el Gobierno insiste en subir el SMI un 4,4%, como recomendó su comité de expertos. Por otro, la patronal quiere condicionar cualquier subida a cambios legislativos y fiscales.
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