Jornada laboralLos agentes sociales llegan al ecuador de 2025 sin despejar una de las grandes incógnitas del mercado laboral español: ¿cuál será la jornada legal a partir de 2026? La incertidumbre empieza a pesar en la negociación colectiva, justo cuando toca abrir conversaciones para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), la hoja de ruta para los convenios laborales del país. El actual acuerdo solo cubre hasta 2025.
UGT y CCOO ya han avisado a la CEOE: quieren sentarse a negociar tras el verano. Pero en el lado empresarial no hay tanta prisa, sobre todo tras el choque que supuso que los sindicatos apoyaran la reducción de jornada legal a 37,5 horas semanales, ignorando el pacto anterior que dejaba ese debate fuera de la mesa.
Todo gira en torno a las 37,5 horas de jornada laboral
Este nuevo AENC va más allá de salarios, pero marcará la pauta de las subidas para 2026, 2027 y 2028. Y todo dependerá de cómo acabe la votación del Proyecto de Ley de jornada laboral.
Desde la CEOE descartan empezar la negociación del VI AENC mientras no se aclare la posición de los partidos sobre esta reforma. Solo ven viable llegar a un acuerdo si el Gobierno renuncia a imponer por ley la nueva jornada y lo deja en manos de la negociación bipartita.
Si Yolanda Díaz logra sacar adelante la ley, las empresas amenazan con congelar salarios para compensar el aumento de costes. Sin margen, no hay subidas, avisan.
«Traición» y reproches cruzados
En los pasillos de Diego de León 50 (sede de CEOE y Cepyme), la sensación general es que los sindicatos han roto el último acuerdo al apoyar una reforma legal de la jornada. En 2023 se pactó expresamente no tocar ese tema y centrarse en una subida del 10% en tres años, con posibilidad de añadir un 1% si la inflación se disparaba.
Los empresarios dicen haber cumplido con ese compromiso, y por eso interpretan el giro sindical como un cambio de reglas a mitad del partido.
Sindicatos: avanzar ya o habrá conflicto
Por su parte, UGT y CCOO admiten que esta negociación arranca con mal pie, pero insisten en que la única forma de avanzar es que la jornada se regule cuanto antes. De hecho, sus líderes, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han pedido que el Congreso debata las enmiendas a la totalidad antes del parón estival, para evitar un bloqueo que condicione todo el diálogo social de cara a 2026.
Sordo ha advertido que sin certidumbre legal, aumentará la conflictividad laboral. Y Álvarez ya ha iniciado consultas internas en UGT para construir una propuesta de AENC. En clave irónica, incluso ha señalado que será en esa mesa donde la patronal podrá plantear las subidas salariales que viene mencionando en otros debates, como el del salario mínimo o la jornada laboral.
Las heridas del último pacto siguen abiertas
Los sindicatos quieren sentarse a negociar antes de fin de año, pero reconocen que sin saber si la jornada cambiará o cuándo, el escenario es complicado. En la última negociación del AENC, las posturas también estaban muy alejadas, sobre todo por la tensión provocada por la inflación tras la guerra de Ucrania.
CCOO y UGT exigieron una subida retroactiva para 2022, a lo que la patronal se negó en redondo. Aun así, se logró cerrar un documento de consenso, que incluyó compromisos en temas como el absentismo, los contratos fijos discontinuos o la jubilación parcial.
En paralelo, los sindicatos habían pactado con el Gobierno la subida del SMI a 1.080 euros y la segunda parte de la reforma de pensiones, que elevó las cotizaciones vía MEI y cuota de solidaridad.
La votación clave, en julio
El Ministerio de Trabajo confía en que el Proyecto de Ley supere su primer trámite en julio, en un pleno extraordinario antes del parón de verano. Fuentes cercanas a Yolanda Díaz destacan la agilidad del proceso legislativo y ven como señal positiva que, aunque se ha extendido el plazo de enmiendas hasta el 18 de junio, ningún grupo ha registrado todavía una enmienda a la totalidad.
Además, se interpreta que el Gobierno podría aprovechar la amenaza de regular el registro de jornada por reglamento como forma de meter presión a la patronal, especialmente tras las tensiones internas en Cepyme, que celebró elecciones el pasado 20 de mayo.
Si todo va como esperan en Trabajo, la ley podría estar aprobada en otoño. Y a partir de ahí, empezaría una de las negociaciones más tensas y estratégicas de los últimos años.
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