Yolanda DíazLa vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin rebaja salarial se implementará «con carácter inmediato». Esta medida, que busca mejorar la productividad en España, se pondrá en marcha tras la reciente reforma del desempleo y un pacto con los sindicatos.
Un proceso complicado y sin acuerdo empresarial
La reducción de la jornada laboral ha sido un tema de debate intenso entre el Gobierno, los sindicatos y las empresas. A pesar de varios encuentros, ha quedado claro que alcanzar un acuerdo con los empresarios es muy difícil. Sin embargo, UGT y CC.OO. presionan para acelerar las negociaciones. En la reciente reunión, los sindicatos insistieron en que la ministra debía avanzar rápidamente en la implementación de esta medida.
Argumentos y advertencias desde la OCDE
Durante una presentación en la sede de la OCDE en París, Díaz destacó la importancia de la reducción de la jornada laboral para la productividad española. Sin embargo, el informe de la OCDE advierte que hay «pruebas limitadas» sobre el impacto positivo de esta medida en la productividad. También subraya la necesidad de un acuerdo entre los agentes sociales, incluidos los empresarios, para garantizar el éxito de la iniciativa.
Planes y compromisos electorales
El compromiso del Gobierno de coalición es aprobar y poner en vigor la reducción de la jornada laboral a 38,5 horas en 2024 y luego a 37,5 horas en 2025. Esta medida afectará a más de la mitad de los trabajadores cubiertos por convenios colectivos y, eventualmente, a una gran mayoría de empleados. Sería la primera modificación significativa de la jornada laboral máxima en cuatro décadas, impactando las condiciones laborales de numerosos trabajadores en España.
Estrategias y posibles caminos legislativos
Fuentes cercanas a la ministra indican que podría recurrir a la vía del decreto para implementar la reducción de la jornada laboral. No obstante, el malestar generado entre los agentes sociales por el uso de decretos legislativos podría llevar al Ejecutivo a optar por un proyecto de ley que tendría que pasar por el trámite parlamentario. Este camino requeriría el apoyo de los socios del Gobierno, que tienen diferentes sensibilidades sobre la materia.
Preocupaciones empresariales y riesgos económicos
La patronal teme que la reducción de la jornada laboral sin un análisis detallado de su impacto normativo podría aumentar los costes, especialmente para las pequeñas empresas, y llevar incluso al cierre de algunas. La implementación de esta medida también podría abrir un cisma en las negociaciones colectivas, obligando a reabrir la mayoría de los más de 4.000 convenios vigentes en España.
Implicaciones para el futuro
El próximo movimiento del gabinete dirigido por Yolanda Díaz es lanzar la medida en los próximos días. Esto podría generar tensiones adicionales, especialmente considerando la reciente normativa sobre planes de igualdad LGTB en las empresas, que también requiere la incorporación de medidas negociadas entre la patronal y los sindicatos en los convenios colectivos.
La reducción de la jornada laboral promete ser una medida transformadora, pero su implementación sin el consenso de todos los actores sociales podría generar desafíos significativos en el mercado laboral español.
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